Reestructura generó conflicto en reconocida empresa de refrescos

Dirigentes del sindicato de Montevideo Refresco SA (Monresa) fueron citados el martes a Jefatura de Policía y allí se les comunicó que no están autorizados a instalar una carpa frente a la planta industrial de Coca – Cola, en Camino Carrasco, y fueron conminados a retirarla. Los trabajadores resolvieron mantener la medida de protesta y de rechazo a los envíos al Seguro de Paro de forma pacífica.

Al día de hoy, luego de que funcionarios de la Seccional 14 visitaran el lugar y dialogaran con los ocupantes de la carpa, se mantiene el campamento en defensa de la fuente laboral. En el marco de esta actividad se incrementó la presencia de trabajadores en el lugar, por donde ya han pasado representantes de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), del PIT-CNT, Fucvam y dirigentes del EP-FA. Comerciantes de la zona, fundamentalmente, se han solidarizado con los acampantes y día a día les hacen llegar comestibles para la olla popular que mantienen en el lugar.

Antonio Adourian, presidente del sindicato de Coca – Cola, dijo ayer a LA REPUBLICA que producto de las negociaciones se logró eliminar, por el momento, el despido de los 84 trabajadores que fueron enviados al Seguro por Desempleo y que la empresa había anunciado les enviaría un telegrama anunciándoles el despido.

De todas formas las autoridades de la empresa de refrescos adelantaron que «existirán despidos» entre las 350 personas que hoy trabajan en Monresa porque las caídas de la venta de los productos han aumentado en forma considerable. También se declararán cesantes 55 de los 99 zafrales que hoy existen. En los últimos meses, comparado con el mismo período del año pasado, las ventas cayeron en un 40%. y ya estaban bajas en 2001. Ante esta situación «es necesario llevar adelante una reestructura a fondo, si se quiere mantener la planta funcionando», indicaron las autoridades de Coca – Cola. A esta reestructura Monresa le agrega el reclamo a «la DGI, MSP, Bromatología de las intendencias y a las aduanas que cumplan con sus funciones. Pedimos que se cobren los impuestos. Sin embargo, sabiendo que no existen los instrumentos para hacerlo se aumentan los impuestos; lo que genera una mayor evasión en el sector», denunciaron miembros de la empresa de refrescos.

«Persecución antisindical»

Adourian, por su parte explicó que en la carpa se concentra el personal que fue enviado al Seguro de Paro y participan el resto de los trabajadores en las horas de descanso o cuando culminan su horario. Por lo tanto la planta continúa funcionando con el personal que no fue afectado por la reestructura. Los trabajadores de Coca Cola instalaron el lunes una carpa frente a la planta embotelladora en rechazo a lo que califican de «persecución antisindical». La empresa decidió enviar a 84 funcionarios al Seguro por Desempleo a partir del 1º de junio, de los cuales 26 son dirigentes actuales o ex dirigentes del sindicato de trabajadores. Con posterioridad a esta resolución, la empresa había resuelto despedir a este personal; cosa que está siendo analizada hoy con el sindicato.

El dirigente sindical informó también que dio a conocer en las últimas horas una notificación que generó una «gran alarma entre los trabajadores y que pueden llevar a la agudización de la actual situación de conflicto».

La central sindical, por su parte, ya resolvió que en el marco del paro general del próximo miércoles 12 uno de los puntos de concentración, donde se dará a conocer una proclama, será la carpa donde están instalados los trabajadores de Coca – Cola.

Inicio del conflicto

El 31 de mayo los trabajadores realizaron una asamblea general que contó con la participación del 99% de los afiliados, en la cual tomaron conocimiento de la decisión de la empresa. En primera instancia se pensó que se trataba de envíos al Seguro por Desempleo, pero la patronal manifestó que no cumplirá con la cláusula del acuerdo vigente que establece un período de 45 días para definir la reubicación del trabajador. La dirección de Monresa, por su parte, sostiene que no se está ante una persecución antisindical y que es necesaria la reestructura, si se quieren mantener puestos de trabajo, porque las ventas han disminuido de forma considerable y no existen los controles necesarios de los organismos del Estado. *