PIT-CNT y organizaciones sociales se aprestan a vivir un "verano caliente"

MIGUEL FLORES

 

La dirección política del PIT-CNT, ya unificada y contando con las nueve organizaciones que se autoexcluyeran por cerca de cinco meses de la Mesa Representativa, debe resolver si en la cuarta semana de enero marcha o no hasta Punta del Este. La propuesta de realizar un paro general y realizar un acto en el principal balneario del país ya ha generado duras reacciones por parte de voceros del gobierno de coalición. Incluso han manejado el argumento de que tal medida podría perjudicar a los trabajadores del lugar. Los cuales, dada la crisis que vive Argentina, están aceptando horarios extensos y jornales menores a años anteriores. Pero esto parece no importar a colorados y blancos.

A esto se le debe sumar el hecho de que existe otro tipo de propuestas alternativas. Como la de iniciar recién a las 10 la detención general, hasta la medianoche, y garantizar la participación de por lo menos 15 ómnibus; los cuales deberán ser contratados y llenados por los distintos gremios. De concretarse esta marcha se deberá contar con una importante cantidad de dinero, ya que a estos gastos se le debe sumar, entre otros, el de los peajes que se tienen que pagar. De todos modos, es un hecho que alguna medida y movilización llevará adelante en enero el PIT-CNT.

Plebiscito

En este marco, la Comisión en Defensa del Patrimonio Nacional, que integra el movimiento sindical, deberá recoger, fundamentalmente el próximo mes, más de 80 mil adhesiones para llegar a plebiscitar los artículos 612 y 613 del Presupuesto. El PIT-CNT, encabezado por el Sindicato Unico de Telecomunicaciones (Sutel), comenzó tarde a priorizar la recolección de firmas y en la medida en que se fue incrementando la campaña en los distintos barrios del país se comenzó a incrementar el apoyo de los ciudadanos. Pero, en medio de esta campaña que aún no culmina y que preocupa a muchos porque se acaban los tiempos, se plantea la posibilidad de llevar adelante una nueva consulta popular. En esta oportunidad en defensa de Ancap; la cual viene siendo impulsada por la Federación Ancap.

Lo cierto es que el gobierno de coalición encabezado por Jorge Batlle de forma lenta pero segura está aprobando disposiciones legales que para el movimiento sindical y la oposición política apuntan a la privatización de las empresas del Estado.

Primero fue la playa de contenedores del Puerto, luego Antel y ahora Ancap. Pero, están en la mira UTE y lo que se ha dado en llamar el «remate» de AFE. Organismo este último que las propias autoridades admiten que no se ha invertido en él y por lo tanto se vendería muy barato.

Este panorama ha determinado que más que nunca integrantes del PIT-CNT apunten a elaborar de una vez por todas una ley de iniciativa popular, la cual contendría en su articulado la prohibición de que se «privaticen» las empresas del Estado. Y, en el caso de asociaciones, se deberá contar con mayorías especiales en el Parlamento.

Artículo 79

El Sindicato Unico de Telecomunicaciones (Sutel) presentó meses atrás en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT la propuesta de impulsar una ley de iniciativa popular; la cual está contenida en el artículo 79 de la Constitución de la República. Si bien se reconoce que «la ley no ha establecido aún su reglamentación».

Este artículo, de todos modos, establece que el 25% del total de los inscriptos habilitados para votar podrán ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo.

No se aplica para normas que establezcan tributos; tampoco en los casos en que las iniciativas sean del Poder Ejecutivo, se indica.

Se agrega que al no estar reglamentado por ley, es de aplicación en esta caso el artículo 332 de la Constitución, el cual establece: «Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los ciudadanos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas a los principios generales de derecho y a la doctrina generalmente admitida».

Entes sin convenio, Unott por acuerdo

Pero, más allá de esta propuesta de impulsar una ley de iniciativa popular, existen instancias inmediatas de enfrentamientos para los trabajadores.

En las últimas horas, por ejemplo, el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos (OPP) le comunicó a los representantes de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSC) que este año no habrá para el sector un convenio colectivo.

Después de ocho años de acordar pautas salariales y beneficios, a raíz de lo cual se evitaron conflictos importantes en las empresas del Estado, el gobierno le comunica a los trabajadores que no habrá negociación. Esto, inevitablemente, determinará el inicio de movilizaciones en la segunda quincena de enero.

Otro sector que anuncia movilizaciones es el del transporte colectivo urbano (Unott). Aquí el problema es la falta de acuerdo en la introducción de tecnología que se registrará a partir de marzo y que el gremio afirma puede traer inestabilidad laboral.

2001: menos conflictos

Si bien las perspectivas inmediatas son de un incremento en los enfrentamientos entre, principalmente, gobierno y PIT-CNT, es necesario recordar que el informe del Programa de Relaciones Laborales de la Universidad Católica dado a conocer recientemente se sostiene que el contexto económico en 2001 no fue bueno y que la recesión se reflejó en un estancamiento del salario real medio. Sin embargo, a pesar de esta realidad, la conflictividad laboral en el país descendió en forma notoria y se registra el índice más bajo desde 1995. En el estudio se señala que en los primeros nueve meses del año en curso el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 2% respecto a igual período del año anterior. La recesión se reflejó en un estancamiento del salario real medio, en una reducción de la tasa de empleo, por menos puestos de trabajo. Lo que determinó un importante aumento del desempleo cuya tasa promedio anual se ubicará entre el 15 y el 16%. De todos modos, la conflictividad laboral descendió en forma notoria con respecto al año anterior. Tanto si se consideran solamente los conflictos sectoriales (-70%) como si se incluyen los paros generales (-60%); registrándose este año la conflictividad más baja desde 1995. *