En noviembre se multiplicó por tres la conflictividad en el país

En el informe se indica que la conflictividad global de noviembre, con respecto al mes anterior, se multiplicó por tres. Y se aclara que si bien en los dos meses la central sindical convocó a dos paros generales parciales, el de noviembre se desarrolló bajo la consigna «Porque otro Uruguay es posible», contó con la adhesión de más gremios, como los del magisterio y UTU que paralizaron sus actividades durante todo el día y aprovecharon para incorporar las reivindicaciones propias.

El resultado del estudio determina también que la conflictividad sectorial aumentó un 73%, lo que se explica por la continuación de las movilizaciones de los funcionarios de la Intendencia de Rocha. Muchos de los que marcharon a pie hasta Montevideo y recibieron la solidaridad de un importante número de gremios que se plegaron a la movilización realizada aquí en la capital del país.

También existieron movilizaciones de los funcionarios del Poder Judicial y de los trabajadores del sistema financiero, privado y público. En estos dos gremios (AFJU y AEBU) un dirigente de cada uno debió realizar declaraciones ante la justicia por distintas denuncias. A esto se le debe sumar la muerte en un accidente de otro trabajador de la construcción que llevó a la detención parcial de los trabajadores nucleados en el Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).

Durante el pasado mes se registró un total de 18 conflictos; 12 de los cuales comenzaron en meses anteriores. Como consecuencia de las medidas realizadas en el décimo primer mes de 2001 se perdieron 66.428 jornadas laborales y se vieron involucrados 120.000 trabajadores.

Sector público el más afectado

Los conflictos en el sector público representaron el 64% de la conflictividad sectorial. El peso mayor recayó en la Administración pública, donde existieron conflictos en las intendencias de Rocha y Montevideo, y en el Poder Judicial.

El sector privado, en tanto, registró el 36% de la conflictividad en noviembre. La construcción representó el 14% y las movilizaciones en la banca. Estas últimas se llevaron adelante en solidaridad con los funcionarios en conflicto del Banco Surinvest y por las modificaciones que se plantean para la Caja Bancaria. Lo que significó el 13% de los conflictos registrados en el sector privado.

Reclaman salario

El informe señala que los reclamos salariales fueron la principal causa de conflictividad sectorial representado el 40% del total; donde el principal conflicto fue en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), donde existen diferencias entre funcionarios y la administración en torno al nuevo convenio. Discusión que aún no culminó y que puede derivar en nuevas movilizaciones.

La segunda causa de conflictividad sectorial, con el 27%, recayó en el rubro «otros». Donde se incluyó el paro bancario por las ya mencionadas modificaciones proyectadas a la Caja Bancaria, las movilizaciones en el Poder Judicial, Banco de Seguros del Estado (BSE) y la Dirección General Impositiva (DGI). En estos dos últimos organismos los funcionarios rechazan las reformas que propone el Poder Ejecutivo.

En tercer lugar, con el 19%, se encuentran las movilizaciones realizadas en torno al empleo. De todos modos las medidas se realizaron, básicamente, en solidaridad del sistema financiero y algunas mutualistas.

Las perspectivas

Señala el estudio que los principales conflictos en noviembre fueron en solidaridad con los trabajadores que se encontraban movilizados y en rechazo a las propuestas de reformas realizadas por el gobierno. El resultado final, en varios casos, fue favorable a los sindicatos, como el reintegro al sistema bancario de los trabajadores despedidos del Banco Surinvest afiliados a AEBU y la orden de archivo del expediente iniciado a un dirigente sindical del Poder Judicial. Aunque en este último caso la situación no ha culminado.

Lo cierto es que por el momento el Poder Ejecutivo mantendrá su decisión de implementar reformas estructurales en las empresas públicas y en la DGI. Lo que posiblemente provocará nuevas movilizaciones. Esto permite prever que la conflictividad en el sector público se mantendrá, aunque en un nivel menor. *