Una comisión gremial presentará denuncia "en tanto se detecten"

Sindicato del TCR confirma que denunciaría "irregularidades cometidas por ministros"

El dirigente Ruben Cardozo confirmó que la Asamblea General de la Aftcr, cuya Presidencia ejerce, había resuelto «constituir» una comisión que «analice la eventualidad» de poner en conocimiento público presuntas «irregularidades administrativas». Admitió que el conflicto podría tener «un perfil que todavía no ha adquirido».

Las referidas denuncias, que afectarían la imagen de los ministros, aclaró, están «condicionadas por un ritmo de evolución que no es precisamente instantáneo y sujetas a un proceso de reflexión y documentación que está muy lejos todavía de haberse recorrido».

«Denunciar las irregularidades administrativas fue la propuesta de algunos asambleístas; por eso se resolvió crear la comisión», dijo ayer Cardozo a LA REPUBLICA, al admitir la existencia de las sospechas de irregularidades que mencionaron en la asamblea.

El dirigente tomó distancia, no obstante, de las declaraciones efectuadas el día anterior por la prosecretaria de la Aftcr, y delegada del gremio ante la Confederación de Obreros y Funcionarios de Estado (COFE), a quien acusó de haber deslizado información errónea.

La dirigente había afirmado el lunes a LA REPUBLICA que el gremio denunciaría presuntas «irregularidades cometidas por los ministros». «Tenemos documentos para probar nuestras denuncias», había asegurado.

«Suena a amenaza», comentó el diario plural. «Y… sí», respondió Cairo el lunes, tal como se publicó en la edición de ayer.

Cardozo relativizó, por su parte, que «si de la actuación de la mencionada Comisión se desprendieran irregularidades administrativas, ello no puede ser negociado –bajo ningún concepto– por ninguna clase de pago; cualquiera sea su naturaleza, su origen o su monto».

 

Niega usar denuncia como amenaza para presionar a los ministros

Cardozo negó, de manera tajante, que la divulgación de una eventual presentación de las denuncias por presuntas irregularidades fuera a ser utilizado como una «amenaza» para presionar a los ministros a que accedieran a sus demandas.

Amenazar con denunciar para ganar un conflicto gremial, indicó, «sería hipotecar y desconocer por nuestra propia parte la ética y la dignidad que como funcionarios públicos debemos defender».

Cardozo explicó que el conflicto en el TCR es por el pago a los funcionarios del 40% de un provento previsto por el artículo 468 de la Ley 17.296, y no por el 40% del total del presupuesto como había dicho la gremialista Beatriz Cairo el día anterior.

Tampoco sería cierto, según dijo Cardozo al corregir una vez más a Cairo, que el beneficio se hubiera conquistado con Alejandro Atchugarry cuando era ministro, sino antes, en el año 2000, cuando el probable candidato presidencial quincista estaba en la Cámara de Senadores, recinto al que regresó tras su pasaje por Economía y Finanzas.

 

«Franqueza y cristalinidad»

La posibilidad de formular denuncias contra los ministros tribunalicios había sido divulgada el lunes por un comunicado oficial de la Aftcr, que había celebrado una Asamblea General.

El comunicado había sido escrito en nombre de la «Comisión Directiva» que preside, precisamente, Ruben Cardozo.

«La Asamblea», afirmaba el comunicado del lunes, «resolvió constituir una comisión que analice la eventualidad de poner en práctica las obligaciones funcionariales comprendidas en el art. 175 del Decreto 500/91″.

En su comunicado de ayer, Cardozo explicitó que dicho artículo prescribe que «todo funcionario público está obligado a denunciar las irregularidades de que tuviera conocimiento».

Aclara luego que «es a partir de ello que se formó una Comisión encargada de analizar la «eventualidad» de accionar dichos mecanismos, en el caso de que efectivamente se detectaran irregularidades administrativas».

«Nuestra Asociación», remarcó textualmente Cardozo ayer, «no está «amenazando» con realizar denuncias sino comunicando con absoluta franqueza y cristalinidad que analizará la posibilidad de realizarlas en tanto se detecten irregularidades administrativas». *

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