Suanp: "En la década se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo"

Con motivo de cumplirse los 10 años de la aprobación de la Ley de Puertos el gremio de la ANP realizó un seminario en la Sala 17 del Edificio Anexo del Palacio Legislativo. El gremio concretó en las últimas horas un resumen de la posición a la cual llegó luego de realizar un balance del mismo. Sostiene el Suanp que «desde una perspectiva histórica estos diez años resumen una etapa de auge y decadencia de un modelo económico y social, en el cual los gobiernos de turno jugaron un papel determinante en la conformación de un patrón de acumulación basado en la concentración del poder económico y en la exclusión social». Se agrega que «desde la perspectiva del capital, los ejes fundamentales del proceso fueron: la creación de ámbitos de privilegiados de acumulación de capital, basado en mínimos riesgos empresariales y ganancias extraordinarias, y la apropiación por parte de un reducido grupo de empresarios asociados de origen nacional y extranjero».

Desde la perspectiva del trabajo «nos encontramos con que los ejes fundamentales fueron: la precarización continua de las condiciones de trabajo con una acentuada flexibilización de los derechos y de un salario real en decadencia. Y, además, una disminución continua de los puestos de trabajo con efectos complementarios en la caída constante de la masa salarial global». Sostiene el Suanp que la aplicación del modelo en los servicios portuarios ha provocado la pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en estos 10 años y ha afectado tanto a públicos como a privados. Cualquiera de los que trabajan en nuestro ámbito pueden apreciar los efectos visibles en una Ciudad Vieja cada vez más despoblada y una disminución significativa en todas sus actividades. No se podrá echarle las culpas a las crisis argentinas, porque sabemos que el puerto de Montevideo no basaba sus actividades en la economía vecina». A modo de reflexión el gremio pregunta: «¿Es verdad que la productividad portuaria se multiplicó por 15 en estos años, si es verdad que el país productivo está en crisis?, ¿quién se apropió de estas ganancias? ¿Quiénes se beneficiaron con la ‘reforma portuaria’? ¿A qué sector le bajaron los costos unas 15 veces? ¿Qué beneficios le ha dejado al país y a su gente?».

Areas sin control

Más adelante el Suanp afirma que la actual política del gobierno sólo tiene por eje «transformarnos en una plataforma desnacionalizada de servicios para la región, a la estructura de zonas francas y puerto libre que existían, ahora se agregan las zalaps. Parece no tener límites los proyectos para crear áreas sin control del Estado, supuestas áreas de servicios que nunca se ven los beneficios hasta que salta algún escándalo asociado a la corrupción». Y se agrega que «en este contexto es que denunciamos el camino elegido de ‘paraguayisar’ el país creando paraísos fiscales para beneficio de un puñado de multinacionales de servicios por el daño que provocan a los objetivos de un desarrollo sustentable. Desde 1992 estamos denunciando la política que iniciara la ANP y que apunta a eliminar todo tipo de controles, sólo por los juicios millonarios que nos afectaban, creando una verdadera industria».

Finalmente reclama el sindicato portuario «algún tipo de acción efectiva. La crisis económica exige algunas medidas con fines recaudatorios. O, lo que es peor, alguna indicación extranjera que tiene la virtud que viene acompañada por un negocio».

En el seminario, que se realizó el miércoles 17 del corriente, participaron: Agustín Aguerre (presidente de la ANP); Julio Cópola y Jorge Howard (gerente general y subgerente general de la ANP respectivamente); Antonio Mitrano (de Mitracón SA), legisladores de las distintas bancadas, representantes de las intersociales de la Ciudad Vieja y del Cerro, integrantes de la Intergremial Marítima y Portuaria, autoridades del MTSS y del PIT-CNT. Además representantes internacionales: Antonio Fritz Rodríguez, de la Oficina Regional de ITF, Empresario Joao A. Pereira (Brasil), Víctor Ferreira (Paraguay), Pedro Asambuya (CUT-ITF, Brasil), y Paulo Sergio De Almeida (del Ministerio de Trabajo de Brasil). *