DENUNCIA

Gobierno de Perú sanciona a Google por desconocer el derecho al olvido de un ciudadano

El Ministerio de Justicia de Perú sancionó al gigante tecnológico y le exigió el pago de unos 77.000 dólares por desconocer el derecho al olvido de un ciudadano que había pedido a Google que quitara cierta información sobre él que no era cierta.

Foto: Shawn Collins.
Foto: Shawn Collins.

«Se resuelve sancionar a Google bajo la personería de Google Perú«, indica una resolución expedida por la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de Perú. Según describe el documento, la pena es por “no atender, impedir u obstaculizar, en forma sistemática, el ejercicio de los derechos del titular de datos personales”.

A pedido de un ciudadano peruano, el organismo estatal solicitó a Google que oculte los resultados de búsqueda cuando se indaga el nombre del hombre, acusado en 2009 de haber cometido un delito contra el pudor público, caso del que fue absuelto.

A pesar de que la Justicia lo hubiera encontrado inocente de la acusación, la información que muestra al ciudadano peruano como culpable sigue apareciendo en las listas cuando se hace una búsqueda en Google.

El ciudadano se amparó en la Ley de Protección de Datos y recurrió a la autoridad gubernamental alegando que la empresa le había negado su derecho. En resonancia con el pedido, la Dirección de Protección de Datos consideró que Google está obligado a respetar las leyes peruanas porque el caso trataba los datos personales de un peruano y los servicios que presta son accesibles desde Perú.

Decisión polémica

El caso se ha prestado para debate por la figura del “derecho al olvido”, una modalidad aceptada en ciertos países y negada por otros. Miguel Morachino, abogado y presidente de la ONG Hiperderecho, dice que la decisión del Ministerio de Justicia es polémica porque pone en discusión la “controvertida doctrina del derecho al olvido en Perú, una tesis que ha sido aceptada en algunos países como España pero expresamente negada en otros países de la región como Argentina o Colombia, por atentar contra la libre expresión».

En el portal de la organización que preside, el especialista explica que “reconocer que los intermediarios que facilitan el acceso a información en Internet están obligados a retirar la información personal de quien lo solicite, abre la puerta a escenarios de censura privada, usos maliciosos y en general incrementan los costos de operación de muchos servicios en línea«.

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