Aumento y privatización

Aute y Adeom elaboraron un volante conjunto, en el que manifiestan su rechazo a la medida contenida en la Ley de Urgencia, que está a consideración del Parlamento. En el documento se consideró que «los vecinos no deben ser rehenes de las deudas entre UTE y las intendencias, que tienen más de mil funcionarios especializados en esa área. Por consiguiente, también se pondrá en riesgo la fuente de trabajo de esos funcionarios».

A juicio de Adeom y Aute, esta medida significa privatizar el servicio, ya que UTE eliminó el alumbrado público en 1992. Además, advirtieron que una de las más graves consecuencias sería el incremento de la tarifa energética a los usuarios.

Ambos sindicatos consideraron que el alumbrado público debe estar al servicio de la seguridad ciudadana.

Montevideo, tema aparte

El volante explica que en Montevideo, el servicio de alumbrado público ha mejorado sensiblemente en los últimos años, señalando que virtualmente se ha duplicado la cantidad de focos y se triplicó el número de luminarias efectivamente encendidas.

La Intendencia Municipal de Montevideo invirtió en capacitación y descentralización del servicio, más de 200 funcionarios están dedicados a esta tarea y con 25 camiones especiales de apoyo.

En contrapartida, expresa el pronunciamiento de ambos gremios, «hoy UTE no cuenta con la infraestructura necesaria (hay sólo tres funcionarios dedicados a la tarea), por lo que la alternativa es la privatización del servicio».

Gerardo Rey, integrante de la mesa directiva de UTE, dijo a LA REPUBLICA, que el alumbrado público es un servicio subsidiario, ya que lo que recauda la comuna a través de la tarifa no cubre los costos del servicio. UTE cobra a la IMM un precio por la energía eléctrica, que duplica la tarifa de los grandes consumidores.

«Si se aprueba el proyecto contenido en la ley de urgencia, la tarifa integrará el recibo de UTE y seguramente aumentará su valor», advirtió el dirigente.

El sindicalista manifestó que los gremios no desean intervenir en el tema de las deudas, ya que en el caso de Montevideo, mientras la comuna local reclama el pago de tributos y el reconocimiento de la inversión que realizó en alumbrado, UTE, demanda, por su parte, el pago del consumo mensual.

El Congreso Nacional de Intendentes solicitará que se elimine el artículo que determina que las intendencias que adeudan más de seis meses de consumo energético, deberán pasar el servicio de alumbrado a UTE.

Dicha norma contenida en la Ley de Urgencia, autoriza a UTE a asumir el control del alumbrado público. Asimismo, se determina que las intendencias podrán transferir el servicio al ente energético, en cuya eventualidad la tarifa incluirá un cobro adicional por tal concepto.

El congreso recibió a una delegación de ambos sindicatos y al presidente de UTE, Ricardo Scaglia, quien hizo hincapié en señalar que la empresa no está interesada en el alumbrado. No obstante, aclaró que si tuviera que hacerlo, la tarea podría implementarse rápidamente porque se dispone de personal para hacerlo.

El jerarca explicó que lo que le interesa al organismo que preside es cobrar la energía que brinda.

Cabe recordar que catorce intendencias del país adeudan a UTE 45 millones de dólares, la que aumenta a razón de dos millones mensuales.