Quedó libre el sacerdote floridense acusado de robo

El expediente judicial, que sigue su curso, fue remitido al Tribunal de Apelaciones de Montevideo.

El pasado martes, los abogados Víctor Della Valle y Fernando Pérez D’Auría, patrocinantes del sacerdote católico Aníbal Silva, presentaron la solicitud de libertad provisional a la fiscal Jacqueline Castelli, que fue aceptada por el juez Martínez.

El religioso no puede volver a residir en la capilla de la localidad de Mendoza, donde dirigía la comunidad cristiana. Por tal motivo, pasó a alojarse en el domicilio de una familia del lugar.

El liberado sacerdote fue recibido efusivamente por centenares de personas que le dieron su respaldo y apoyo. Incluso, festejaron su salida hasta altas horas de la noche.

El padre Aníbal Silva fue acusado en el mes de diciembre por la comisión administradora de la diócesis de Florida de la apropiación de 159.000 dólares. El 29 de febrero, tras el testimonio que brindó el obispo Raúl Scarrone a la Justicia, la jueza Bélgica Francia procesó con prisión al sacerdote.

El religioso acusado aduce que el dinero faltante que se destinaba a cubrir, entre otras cosas, la asistencia mutual de los sacerdotes, fue invertido en obras con la autorización del obispo. No obstante, el propio Scarrone desmintió esta afirmación.

Sus abogados señalaron que el religioso ya pudo probar –en buena medida– el destino del dinero y que en el correr del proceso, aportará información que permitirá esclarecer el caso. A raíz de la aparición de una serie de irregularidades, las autoridades de la diócesis decidieron suspender provisoriamente al imputado de los oficios eclesiásticos.

Ayer, el juez penal de Florida otorgó la libertad provisional al religioso, que durante varios años integró la comisión que administraba las finanzas de la diócesis. Su causa procesal continúa hasta que el fiscal pida la pena o la absolución.

El padre acusado es una persona estimada. Dentro de la diócesis se realizó una colecta para reunir fondos con el propósito de que fuera operado de cáncer en Argentina. Scarrone lo definió como una persona con capacidad de entrega, pero con una personalidad un poco enfermiza.

En Florida, el abogado defensor, Fernando Pérez D’Auría, manifestó que a casi dos meses de iniciado el proceso, la opinión pública fue guiada por los dichos de algunos de los involucrados en los hechos, pero quien no ha podido ser escuchado ha sido el propio padre Silva. Responsabilizó al obispo de Florida de hacer público el caso que se encontraba en la etapa de presumario, señalando: «Aún después, empleó calificativos condenatorios. No obstante, destacó que monseñor Scarrone le merece el mayor de los respetos.

Explicó que el procesamiento de alguien implica declarar y tratar a una persona como presunto responsable del delito. El proceso penal finalizará con la condena o el sobreseimiento.

«Si es culpable o no, lo dirá la sentencia definitiva, una vez que transcurra todo el proceso penal, el cual sólo ha empezado», indicó D’Auría. Acotó que en el proceso no hay nada claro, excepto una serie de irregularidades: la inexistencia de libros contables y la falta de documentación que permita comprobar el destino del dinero.

La investigación policial y judicial concluyó que lo invertido por Silva en obras de refacción no superó los mil dólares. Asimismo, se determinó que no aparecieron recibos, ni se llamó a licitación.

Tampoco se obtuvieron datos o pistas –ni en la Bolsa de Valores ni entre los corredores bursátiles– del destino de los bonos del tesoro administrados por el sacerdote.

Consultado por LA REPUBLICA, monseñor Raúl Scarrone señaló que desaparecieron 159.000 dólares del fondo de los sacerdotes de la diócesis y 53.000 pesos de la Curia. Este dinero formaba parte de un aporte de católicos alemanes para la manutención de los sacerdotes y del mismo se utilizaban los intereses cobrados semestralmente, a través de bonos del tesoro que se distribuían entre 30 sacerdotes, quienes recibían anualmente unos 600 dólares.

El padre Silva, que integraba una comisión administradora, era el encargado de cobrar cada seis meses este dinero. Las sospechas de irregularidades llegaron al obispado y monseñor Scarrone decidió apartar al acusado de la función administrativa, integrando una nueva comisión que le solicitó los bonos del tesoro para ser depositados en la caja fuerte de la Curia.

El obispo indicó que en cada oportunidad en que fue interrogado sobre el destino del dinero, Silva evadió, hasta que en febrero la nueva comisión decidió suspenderlo y denunciarlo.