Mutualistas analizan reducir los servicios que prestan

Los planteos fueron realizados por los dirigentes de las instituciones, en el momento que nuevas mutualistas se sumaron al pelotón de las que tienen riesgo de cierre (de las 18 entidades de Montevideo, sólo tres, y no precisamente de las grandes, no tienen grandes problemas financieros).

Ayer Cima-España anunció el despido de 30 funcionarios y el envío al seguro de paro de 121. Sus directivos reconocieron que la entidad tiene un déficit operativo mensual de U$S 200 mil, y exceso de funcionarios (1.300 entre médicos y no médicos) para los 42 mil afiliados que posee.

El presidente del Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), Natalio Blankleider, sostuvo que las medidas enunciadas más arriba serían las únicas posibles dada la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a brindar apoyo económico, para paliar la crítica situación del sector mutual.

Para Blankleider, la forma de resolver los problemas, en la medida que las instituciones están libradas a su suerte, es ajustar los egresos, es decir, los costos asistenciales, los fondos destinados a las remuneraciones y los dirigidos a la compra de insumos, especialmente medicamentos.

Estas variables de ajuste incluirían corregir a la baja el convenio con las sociedades anestésico-quirúrgicas que instituyó el pago por acto médico, así como el regreso, para el personal no médico, a la jornada de ocho horas (hoy establecido en seis). Con esta última medida se reducirían a tres, los cuatro turnos existentes en la actualidad.

Menos servicios

Los caminos para la reducción de la canasta de prestaciones implicaría una serie de problemas legales, siendo que la misma está regulada por el decreto del Poder Ejecutivo del 13 de febrero de 1986. En él se enumeran los servicios obligatorios que deben brindar las mutualistas, cualquier alteración del mismo –según fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP)– acarrearía sanciones para las instituciones.

Un camino, utilizado en otros países para la restricción del paquete asistencial, es el establecimiento de listas de espera, fomentando el fenómeno de las «colas», que en algunos lugares llega hasta los seis meses para las intervenciones quirúrgicas, dijeron a LA REPUBLICA voceros del sector mutual.

Este mecanismo, que sería el modelo a seguir por las instituciones nacionales, difiere el usufructo de los servicios contratados por el afiliado mutual –sin violentar la ley, porque teóricamente mantiene los derechos–, y permite una reducción anual de los actos costeados por la IAMC.

En la práctica se transforma en una limitación de la asistencia, a pesar de que por la cuota el socio paga por el acceso rápido a la asistencia. La modalidad más corriente de la postergación es el «feriado quirúrgico».

Opiniones diferentes

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió un declaración señalando su «honda preocupación por las circunstancias que atraviesa el sistema mutual».

Luego repasa las distintas actividades realizadas por el gremio en reacción a la crisis del sector, entre ellas el paro médico de febrero pasado. Pero fundamentalmente exhorta a poner en práctica, sin dilatorias, «las propuestas y recomendaciones de la comisión multisectorial». Esta fue una comisión con participación de los tres ministerios implicados (Salud Pública, Economía, Trabajo y Seguridad Social), las tres cámaras empresariales del mutualismo, el SMU, el sindicato de funcionarios (FUS) y la asociación de usuarios de la salud (ADDUS).

El documento final (firmado sólo por las organizaciones no estatales) recomendaba una serie de medidas, entre ellas asistencia financiera, regulación de los seguros parciales y préstamos bancarios más baratos, entre otros, pero, no limitaciones al paquete asistencial, como tampoco reducción de salarios y alargamiento de la jornada laboral.