
“Es el mayor cáncer de los hospitales”, sentenció una fuente ministerial a LA REPUBLICA refiriéndose a la deuda que mantiene la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con los prestadores privados, la cual asciende a más de U$S 10 millones.
La crisis del mutualismo y su desfinanciamiento, tiene consecuencias directas en el sector público. “El Estado se ha transformado en un buen cliente para los prestadores de servicios privados que ya no ven como buenos compradores a las mutualistas”, dijo la fuente consultada.
En un documento realizado por el economista Daniel Olesker –quien junto a la Federación Uruguaya de la Salud y el Instituto Cuesta Duarte realizarán un ulterior análisis de la crisis del sector– se puntualiza que “el sistema carece de una polÃtica nacional en materia de adopción de tecnologÃa y de control de su uso, lo que lleva a un incremento considerable del gasto”.
Olesker agrega que en materia de tecnologÃa “no todo lo novedoso es mejor y en tecnologÃas médicas y terapeúticas, el empresariado del sector puede distorsionar en forma perjudicial el gasto en salud”.
El trabajo establece la necesidad de crear un organismo de regulación de las tecnologÃas de salud, que apunte a un conocimiento actualizado de los adelantos, sobre los diagnósticos y tratamientos, y que asesore al MSP en su función de regular la introducción e instalación de aquellas tecnologÃas que el paÃs efectivamente necesite, en las cantidades y calidades adecuadas.
Las direcciones de los hospitales estatales de Montevideo (Vilardebó, Saint Bois, Pereira Rossell, Maciel y Pasteur) presentarán antes del 10 de mayo, su presupuesto para la atención sanitaria de más de 600 mil usuarios capitalinos. Los cálculos económicos que se realicen para las distintas áreas, servicios y recursos humanos, estarán proyectados para la presente administración.
El presupuesto de los hospitales púbicos del paÃs que asisten a más de un millón de usuarios, corresponde a U$S 300 millones mientras que el sistema mutual utiliza U$S 1.000 millones para asistir a 1,5 millones de afiliados. Al desequilibrio que manifiestan estas cifras, se suma el problema que representa que asociados de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva se atiendan en hospitales, debido a la imposibilidad de abonar tiques y órdenes.
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