Acusan a la directiva de CIMA de generar conflicto

Durante la Semana de Turismo, los doce miembros del Consejo Directivo de la mutualista CIMA-España no descansaron. «Elaboraron la lista de 60 funcionarios que serán despedidos de la empresa sin retorno», según lo confirmó el dirigente sindical Jorge Cabrera.

El 50% de los funcionarios no médicos de la mutualista no cobró el 40% del salario de marzo, pues en la mutualista CIMA-España las retribuciones se cobran en dos cuotas. Según el representante sindical, «la deuda equivale, como mínimo, a U$S 233 mil».

Con 42 mil socios, CIMA-España dispone de 1.500 funcionarios médicos y no médicos. En lo que se refiere a los profesionales, la mutualista adeuda cinco meses de salario.

El miércoles 12, cuatro directivos de la mutualista de la institución –Jorge Burgos, secretario del Consejo Directivo; Germán Anselmo y Dardo Barrios–, miembros de la directiva y el ex ministro de Trabajo, Ricardo Reilly, asistieron a una mesa negociadora en la sede del MTSS. «Firmaron un preacuerdo que establecía pautas para el seguro de salud; beneficios para funcionarios y familiares y el tema de fueros sindicales.

Cuarenta y ocho horas después, el resto de la directiva denegó el documento. Sin duda, se quiso crear un escenario de choque con el sindicato», comentó Cabrera a LA REPUBLICA.

Más de cincuenta mil personas trabajan en el sector salud, en una actividad que equivale al 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país. En este marco, señalado en un análisis realizado por el economista Daniel Olesker para un posterior diagnóstico de la salud, que se realizará junto a la Federación Uruguaya de la Salud y el Instituto Cuesta Duarte, se caracterizan los problemas que aquejan al sector.

«El sistema presenta fuertes iniquidades en la distribución de servicio, carece de una política pública de salud nacional que oriente, regule y planifique la asignación de recursos, condiciones de asistencia, regulaciones en el desarrollo del sistema y la competencia desleal».

En tercer lugar, el diagnóstico elaborado por el técnico establece que el sistema «no tiene una política nacional en materia de adopción de tecnología y control de uso, lo que lleva a una irracionalidad en la tenencia y uso de altas tecnologías».

A juicio de Olesker, uno de los mayores inconvenientes es el incremento del gasto y la inducción a la población a un comportamiento que desatiende la prevención. Se aduce que «existe sobreutilización de estas tecnologías, muchas de ellas en propiedad de grupos empresariales».

En el caso del sector privado mutual –continúa el informe– «el sistema de financiamiento es muy dependiente de los ingresos de la población y del mercado de trabajo por el aporte del Banco de Previsión Social».

El estudio realizado por Daniel Olesker entiende que los desequilibrios se plasman, en principio, entre el sector público y privado, pues mientras la población atendida es de un orden similar –1,5 millón para el sector privado y más de un millón para el público– la distribución del gasto es 72% en el primero y 28% en el segundo.

Por otro lado, las desigualdades se materializan –según el ducumento– entre las clases sociales, ya que el diez por ciento más rico de la población tiene un gasto per cápita diez veces mayor que el del diez por ciento más pobre. El informe sostiene que «un tercio de los uruguayos de menores recursos se atiende en Salud Pública y recibe una atención muy carenciada. El segmento del medio mantiene la atención en la salud mutual, en especial a través de la ex Disse, y el restante tercio corresponde a los sectores más ricos de la sociedad, que se orientan hacia los sistemas asistenciales no mutuales, con un gasto mucho mayor pero idénticos beneficios impositivos.