Hay consenso político para ampliar Asignaciones Familiares

El consenso fue logrado en el marco del Foro Debate sobre «Políticas para Infancia y Pobreza», organizado por el Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social (ERT- BPS), el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en su representación para Uruguay (Fesur).

Las jornadas se desarrollaron en base a un trabajo sobre Infancia y Seguridad Social que elaboraron los economistas Gabriel Lagomarsino, Rodrigo Arim, Andrea Vigorito y la psicóloga Leticia Pugliese.

El senador Alejandro Atchugarry (Lista 15), reconoció que «el centro de esta cuestión es moral y ético» y se comprometió a trabajar profundamente en el tema. «Mi sueño es terminar este período teniendo un gran avance en esta materia», señaló. Asimismo resaltó que en el marco económico del país, la «pelea» se centrará en encontrar el modo de conseguir recursos para financiar la política que se lleve adelante.

Atchugarry se mostró «sumamente dispuesto» a contribuir en la concreción de la propuesta de equidad entre el beneficio de Asignaciones Familiares y las políticas de erradicación de la pobreza en los niños. Por su parte Gabriel Curtoisie, presidente del Nuevo Espacio compartió la necesidad de alcanzar a los 205.500 niños pobres que no fueron beneficiados con la extensión dispuesta en la Ley 17.139.

Planteó la necesidad de vincular la condiciones de pobreza en la campaña de Seguridad Ciudadana, y que los recursos destinados a seguridad pública no dejen de utilizarse para la erradicación de la pobreza. Señaló que entre un 80 y un 90% de la población carcelaria de nuestro país proviene de hogares por debajo de la línea de pobreza y agregó que, teniendo en cuanta estos datos «cualquier intento por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas pobres, influirá positivamente en la seguridad ciudadana».

Courtoisie destacó que así como «fueron necesarios dos ajustes fiscales para superar los déficit fiscales, «es inminente la aplicación de un ajuste social para empezar a establecer una igualdad social, sobre todo en la infancia».

El diputado Julio Lara manifestó que es «innegable» el consenso político logrado para la aprobación de la extensión de Asignaciones Familiares, y admitió que esa legislación «no alcanzó a todos los niveles esperados».

Manifestó estar de acuerdo con la propuesta realizada por la representación de los trabajadores en el BPS y agregó que las cifras que allí se manejan como costo de ejecución «no resultan para nada inalcanzables». Concluyó marcando su aspiración para que en la discusión del próximo presupuesto «se pueda mejorar un poco la situación actual».

La diputada Daisy Tourné (Encuentro Progresista) fue quien cerró la mesa política en el debate.

Tourné coincidió con las posiciones expuestas en la necesidad de ampliar la extensión a los 360.900 niños pobres de nuestro país, y manifestó que «es importante reconocer que en esos menores el país tiene una hipoteca nacional». Asimismo reconoció «con gran agrado» la formulación de la voluntad política de todos los sectores para solucionar este problema.

Dijo que las políticas sociales que se encaren, deberán ser estructurales para terminar con una exclusión que «está generando una importante fragmentación de la sociedad». En este orden citó como ejemplo al sistema de Enseñanza Pública, donde las transformaciones que se han encarado «determinan que tengamos escuelas para pobres y escuelas para ricos». La diputada culminó su participación manifestando que los niños «no tienen espacios para la espera de los tiempos políticos, por lo que apostamos a una concreción rápida y real de estas utopías».

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Luego de la intervención de los actores políticos se procedió a la clausura del foro, con la participación del representante de Cinterfor OIT en nuestro país, Pedro Daniel Weinberg y la posterior exposición de conclusiones a cargo del director del BPS, Ernesto Murro.

Este último destacó la importancia de que se haya apreciado un consenso a nivel institucional, social y político en el entendimiento de que la infancia y la pobreza son temas prioritarios para el país.

Asimismo resaltó la importancia de haber asistido a una opinión unánime en los actores políticos, respecto a que el decreto que reglamentó la aplicación de la Ley 17.139 –extensión del sistema de Asignaciones Familiares–, fue «restrictivo».

Los talleres, según señaló, dejaron en claro una necesidad de coordinación de todos los actores que interactúan en materia de infancia y exclusión social, así como un cambio que transforme el actual sistema de Asignaciones Familiares en una política social de Estado que priorice a la infancia.

Agregó que durante la elaboración del informe, quienes trabajaron en esta etapa «se encontraron con que el Estado no sabe cuánto se invierte en la infancia de nuestro país», y agregó que esta situación debe ser cambiada.

El informe final, que incluirá el estudio sobre Infancia y Seguridad Social, la propuesta de extensión del beneficio de Asignaciones Familiares y un informe sobre el foro que se culminó en la pasada jornada; serán entregadas en los próximos días a nueve comisiones parlamentarias.

Simultáneamente se solicitará entrevista con los integrantes de estos ámbitos para explicar los contenidos e intentar que los mismos sean incluidos en las discusiones sobre políticas sociales para este período de gobierno.