Acusados de "coima"

Según se pudo saber, ambos imputados cobraban 200 pesos a ocasionales clientes por la instalación de una llave general térmica en sus domicilios, lo cual es ilegal ya que UTE cumple dicha tarea en forma absolutamente gratuita.

En la mañana del lunes, un abogado del ente energético se presentó en la sede de la Dirección de Investigaciones para denunciar la comisión del ilícito.

Con la información en su poder, una comisión policial se hizo presente en una finca de la Unión, donde lograron la detención del infiel funcionario, que esaba a punto de realizar otro trabajo fuera de programa.

De la indagatoria surgió que dicho empleado y un cómplice manejaban una nómina de por lo menos 20 clientes, a quienes cobraban por la prestación de los servicios ilegales.

Indagados por la Policía, los dos acusados deberán acudir en la presente jornada a la sede del Juzgado Penal de Quinto Turno.

En tanto, fuentes policiales revelaron a LA REPUBLICA que permanece prófugo un tercer funcionario de UTE que también estaría implicado en las maniobras delictivas.

Este hecho se suma a otras varias irregularidades detectadas por la empresa pública, en el marco de su intensa campaña iniciada a principios del año pasado con el propósito de recuperar las pérdidas no técnicas, es decir, robo de energía.

En ese ámbito, el Directorio de UTE tiene en marcha varias investigaciones administrativas para comprobar la eventual participación de funcionarios en hechos delictivos, luego de que se detectaron irregularidades en las inspecciones que se realizan periódicamente.

Procesados a granel

Como se recordará y como fruto de pacientes investigaciones, hace un tiempo quedó al descubierto el robo de combustible, lo que culminó con el procesamiento de tres personas, dos de ellas funcionarios de la empresa y un particular.

El juez Jorge Imas procesó en esa oportunidad a dos funcionarios del ente, uno con prisión y otro sin prisión, y a un particular que era propietario del vehículo en el cual se transportaba la nafta robada desde los depósitos de UTE.

Se calcula que los acusados sustraían unos 1.000 litros por semana, que vendían en beneficio propio a particulares y a un comercio del barrio Villa Española.

Asimismo, durante el año pasado, media docena de funcionarios del organismo fueron sumariados y sancionados por situaciones irregulares, algunas de ellas relativas a adulteración de medidores. En muchos casos, los procedimientos administrativos devinieron en destitución.

Este último hecho delictivo en perjuicio de la empresa pública se suma a los perpetrados por varios funcionarios de la empresa privada Transamérica, responsable de la instalación de medidores, imputados del delito de «tentativa de estafa». Los empleados ofrecían a los clientes alterar los medidores a cambio de una determinada suma de dinero. En este caso, UTE dispuso rescindir el contrato de la empresa.

La Justicia también ha procesado a varios clientes medianos consumidores de la empresa por tentativa de estafa, obligándolos a ponerse al día con la deuda generada por el no pago del consumo real.

La empresa otorgó un plazo hasta el 31 de abril para que los clientes que detecten alguna irregularidad en su medidor de consumo, lo denuncien en tiempo y forma, evitándose la aplicación de multas, recargos e incluso acciones penales.