La propuesta partió del rectorado y encuentra resistencias para su aplicación

La Universidad pública debate cobrar posgrados

En un momento en que tener estudios de posgrado y especializaciones es cada vez más necesario, la Universidad de la República se dispone a ordenar y trazar líneas para el desarrollo de los estudios de cuarto nivel. La discusión se enmarca en las líneas trazadas con la aprobación por parte del Consejo Directivo Central (CDC), del documento «Consensos para la transformación de la Universidad de la República» , emanado del encuentro realizado el 10 y 11 de diciembre de 1999 en Punta del Este.

Allí se habían reafirmado los principios de gratuidad, autonomía y cogobierno, y la necesidad de reformar los planes de estudio reduciendo la duración nominal de las carreras, así como flexibilizar las currículas.

Hoy se plantea el peligro de que el acortamiento de las carreras de grado traslade los contenidos a las carreras de cuarto nivel y por la vía de la matrícula se constituya en una privatización de la educación superior.

A su vez, la necesidad de organizar los posgrados es una de las tareas pendientes de la Universidad para la preparación del programa de financiamiento de reestructura del Hospital de Clínicas por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El «Ayuda Memoria» firmado por ambas instituciones establece como una de las tareas pendientes «la aprobación de la ordenanza general para especialidades, maestrías y doctorados en la Universidad».

A favor y en contra

El orden estudiantil, a través de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) es el único que se ha pronunciado hasta el momento en contra del cobro de la matrícula.

Fuentes universitarias indicaron que aunque los órdenes docente y egresados se encuentran aún analizando el tema, el primero se manifestaría en contra del cobro. La Facultad de Humanidades ya se ha expedido negativamente mientras que el Consejo de Ciencias Económicas estaría a favor del cobro.

El tema se discutirá mañana en la Comisión de Propuesta Universitaria, encargada de analizar los temas antes de ser planteados en el CDC.

Nuestras fuentes indicaron que la propuesta del cobro de los posgrados partió del rectorado de la Universidad y está plasmada en el artículo 10 de la ordenanza borrador, que establece que «las actividades aquí establecidas podrán ser objeto del cobro de derechos universitarios, dando cuenta al CDC. En esos casos se abrirá la posibilidad de exceptuar del pago a parte de los asistentes. (Incorporar obligatoriedad de 10% de cupos de becas)». El dirigente de la FEUU, Alejandro Nario, indicó a LA REPUBLICA que «si los posgrados son importantes para el desarrollo productivo y académico del país, mal camino es que sean pagos». Para el integrante de la FEUU, gran parte de los estudios de posgrados debe ser financiada por el Estado a través del rubro presupuestal. «El pago de los posgrados crea iniquidad a la hora de acceder a las carreras, lo que haría que la mayor parte de esos estudiantes fuera la que pudiera pagar los cursos para obtener un desarrollo profesional y académico», agregó.

Otra de las razones que alega Nario es que si los posgrados son pagos, la única regulación de los mismos la establece el mercado, lo que haría que ciertas especialidades no pudieran desarrollarse. Por su parte, el consejero docente Jorge Venegas señaló a LA REPUBLICA que existe unanimidad en que hay que ordenar el régimen de posgrados, de acuerdo a sus distintos niveles y a las necesidades de adecuarse a nuevas realidades . «El problema es cómo se ordena. Bienvenidos sean los posgrados, si resuelven de forma efectiva las necesidades existentes», afirmó. Para el docente, imponer una matrícula a los estudios de cuarto nivel constituye una forma de desestructurar la unidad de los estudios. «Debe haber un equilibrio entre las carreras de grado y posgrado, y poniendo una matrícula a los últimos se va a crear un subsistema de docentes y alumnos que se van a diferenciar porque pueden pagar esos estudios». El cobro de los posgrados podría convertirse en un elemento de diferenciación basado en aspectos puramente económicos. «Esto traería la consecuencia de que el nivel de las carreras de grado descienda, y el posgrado pase a ser una necesidad básica, a la cual se puede acceder solamente si se paga la matrícula», sostuvo Venegas.

La ordenanza

Para iniciar una carrera de posgrado se requiere un título universitario. Tiene tres modalidades: especialización, maestría o doctorado. La primera constituye, de acuerdo al proyecto de ordenanza en discusión, «en perfeccionar al graduado o posgraduado en el dominio de un tema o área dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones o disciplinas científicas.

Están dirigidas a ampliar la capacitación profesional lograda en programas de grado o posgrado, ya sea en profundidad y/o extensión, en particular a través de una formación que incluya prácticas profesionales».

En cuanto a las maestrías, las mismas reconocen dos perfiles: uno orientado a la formación académica y el otro orientado a la formación profesional. Lo común a ambas es la profundización de la formación teórica y práctica en el área respectiva y ambas incluyen la preparación de una tesis final. Sin embargo una está dirigida a la aplicación a nivel profesional y la otra a la generación de conocimiento.

Por último, los doctorados «constituyen el nivel superior de la formación de posgrado en un área del conocimiento. Su objetivo es asegurar la capacidad de acompañar la evolución del área de conocimiento correspondiente, una formación amplia y profunda en el área y la capacidad probada para desarrollar investigación original propia y la creación de nuevo conocimiento». El rendimiento académico de los posgrados se medirá por el sistema de créditos, de tal forma que se incluyan también los trabajos realizados fuera de los recintos institucionales. La habilitación de los posgrados estará a cargo de una Comisión de Examen y Seguimiento de las carreras, que tendrá un carácter técnico y estará integrada por académicos de trayectoria, que dependerá de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).

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