Caso Conrad al Tribunal de Cuentas

Carlos Peláez

Legisladores de todos los partidos cuestionaron la legalidad del decreto 1.131, firmado el 9 de marzo pasado. Cecilia Vega, del Partido Colorado, Nelson Guerra, del EP, y Cristina Pérez, del Partido Nacional, propusieron que el cuestionado decreto quedara en suspenso hasta tanto se expidieran los organismos a los que se requirió opinión. La propuesta no prosperó.

Sin embargo, todos coincidieron en que el intendente desconoció al legislativo, «ya que la exoneración otorgada es una excepción a la norma y por lo tanto requería anuencia de la Junta».

Pero hubo otros cuestionamientos. Por ejemplo, la nacionalista Pérez sostuvo que «en medio de la crisis económica que vive el departamento, el intendente no puede regalar 300.000 dólares a una poderosa empresa extranjera». Agregó que «con ese dinero se puede hacer muchas cosas por los más necesitados».

Por su parte, el frenteamplista Guerra calificó al decreto municipal como «una incongruencia del intendente; forma parte de una larga cadena de arbitrariedades cometidas por Tortorella», sostuvo.

Para los legisladores, «el intendente beneficia a una poderosa empresa extranjera con el dinero de la gente». Todos coincidieron al calificar como «notables» los aportes que hace el Conrad al turismo de Maldonado. «Pero el turismo no empezó con ellos. Antes hubo muchas pequeñas empresas que hicieron grande este lugar y nunca reclamaron tales beneficios», sostuvo Guerra.

A la vez, Pérez consideró que «si esta exoneración sigue adelante, generará un antecedente al que tendrán derecho luego todos los hoteles de Maldonado».