Ocho hombres agresores no irán a prisión y se someterán a tratamiento

El proyecto, iniciado en abril de 1999, es impulsado por el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, en coordinación con la Justicia.

Este programa será estricto en cuanto a su cumplimiento, al punto que si uno de los participantes tiene dos inasistencias, quedará automáticamente excluido y volverá a la cárcel. También serán devueltos a sus celdas si durante el desarrollo del programa no logran avances concretos.

Programas similares puestos en práctica en Estados Unidos permitieron resultados positivos, fundamentalmente evitando la reincidencia de los agresores. A un año de su lanzamiento, el proyecto, que integra el Programa de Seguridad Ciudadana, se encuentra en una etapa de diagnóstico para la admisión de hombres agresores al grupo de tratamiento que comenzará a funcionar en el mes de abril. La experiencia pasó por una primera etapa, en la cual la Justicia demoró en derivar casos al Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar. No todos los jueces se acogieron de inmediato a la propuesta y, luego de un año de su puesta en práctica, los magistrados empezaron a utilizar el nuevo sistema.

Por otro lado, esta experiencia permitirá descongestionar el sistema carcelario.

Hasta el momento se seleccionaron 8 hombres con perfiles de conducta violenta que no irán a prisión sino que buscarán controlar sus impulsos agresivos mediante un tratamiento. Ninguno de ellos cometió delitos graves, como ser asesinar a su pareja, ya que el programa no trabajará con ese tipo de personas.

El CAVVF está abocado al diagnóstico de estos individuos para determinar el grado de peligrosidad del recluso y si éste está apto para incorporarse al trabajo de grupo. En algunos casos se trabajará con ellos en forma individual.

Según estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo nuesto país tiene «altos índices de violencia doméstica», determinándose que en Canelones y Montevideo el 47,3% de los hogares sufrió durante 1998 algún tipo de violencia, ya sea física o psicológica. A escala policial, se considera que hoy día las víctimas cuentan con más información que antes, lo que las lleva a recurrir a centros de asistencia y a formular más denuncias que antes en las seccionales.

Penas en suspenso

La psicóloga Gabriela Fulco, directora del CAVVF, señaló a LA REPUBLICA que el programa apunta a las personas con problemas de violencia explícita –física o emocional– en su entorno doméstico.

El programa para hombres violentos propuso al Poder Judicial ensayar alternativas a la pena de prisión para los casos severos que llegaron a la órbita penal o de familia, donde se constata además un alto grado de reincidencia.

Las personas procesadas por provocar lesiones a la otra parte deberán pasar un tiempo en la cárcel antes de poder ingresar a los programas del Centro de Mediación y dejar «en suspenso» la pena de prisión. Esto le permite a la persona violenta, entre otras cosas, no perder su trabajo, no desconectarse de su medio social ni familiar, e irse recuperando en forma ambulatoria.

Fulco entiende que «la prisión no sirve como una forma de reducción de estos problemas de violencia» . Sin embargo, es considerado ínfimo el número de casos extremos que llevan a la muerte de una de las partes en relación a los 4.000 casos atendidos en los últimos 7 años en Montevideo.

Daniel Pellejero, uno de los coordinadores de los grupos, explicó que el tratamiento ambulatorio es muy específico y consiste en enseñar a trabajar los vínculos familiares por conductas no violentas.

Fulco escribió para la publicación «Criminología» que tanto el agresor como el agredido son considerados víctimas de un conflicto, por tanto el trabajo con estas personas estará centrado en la atención en los procesos de victimización tempranos de ambos integrantes del núcleo familiar ya sea como víctimas primarias o secundarias. «La tarea que se realiza no es de carácter policial ni judicial», aunque algunas situaciones de riesgo planteadas pueden ser derivadas a la órbita judicial.

Para ingresar al Programa de Mediación Familiar, el Centro de Asistencia pone como condición a los agresores que desistan de cualquier acto que implique violencia.

«La mediación familiar difiere de la judicial en cuanto a sus objetivos y metodología. Se trata en este caso de una mediación de corte terapéutico, lo que equivale a decir que se aborda el tratamiento del grupo familiar, persigue la exalatación de los aspectos positivos y aun rescatables a nivel vincular.

A medida que se avanza en las etapas del programa se irá incluyendo a los demás miembros de la familia. A los niños se les asiste previamente con psicólogos e incluso se toma contacto con la escuela y se solicita colaboración a los docentes sobre ausentismo en clase, deserción, problemas de conducta, rendimiento, integración, constancia de violencia física y no cumplimiento de las solicitudes de concurrencia de los padres a la escuela.

Penas alternativas

La Suprema Corte de Justicia impulsó, durante el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle, un proyecto de penas alternativas a la prisión pero no fue aprobado por el Parlamento.

Entre las medidas alternativas se manejaba «la interdicción», que es la prohibición de acercarse a determinados lugares, concurrir a determinados espectáculos o presentarse ante la autoridad policial en lo que se conoce como «arresto administrativo».

Otra pena alternativa es colaborar en «trabajos comunitarios», como pintar una escuela o trabajar arreglando calles.

También está la «reparación económica» a la víctima.

Las penas alternativas se aplican a los delitos cuya base de penalización es la pena de prisión y no la de penitenciaría. De esta manera se estableció que el delito de rapiña, al igual que otros delitos graves, debe purgarse con cárcel.