Proponen coordinar las políticas sociales

El trabajo hecho público el pasado 23 de agosto en el Parlamento y que tiene una extensión de 20 páginas presentó una visión social del diagnóstico y de propuestas sobre «una urgencia nacional» de concretar políticas sociales a corto, mediano y largo plazo.

En uno de sus capítulos, el documento establece que la larga recesión impactó negativamente en la calidad de vida de un conjunto importante de la población. Se estima que más de 200 mil trabajadores (15,5% de la Población Económicamente Activa en el primer semestre del corriente año) se encuentran actualmente desempleados y seguramente «se incrementó la precariedad laboral y el subempleo». Informa que una reciente investigación realizada en la Universidad Católica concluye que la pobreza aumentó en el año 2000, «por lo que es de suponer que en lo que va de 2001 también lo haya hecho».

Indica que a pesar de que la cantidad de beneficiarios del Seguro por Desempleo se encuentra en nivel récord, la inmensa mayoría de los desempleados no logra el amparo. El equipo de trabajadores enfatiza que en promedio en el primer semestre del año, 30.000 trabajadores se encontraban en seguro de paro, «por lo que 170.000 desempleados (el 85% del total) no tienen protección».

En tal sentido, consideran necesario un rediseño de la política actual del programa de Asignaciones Familiares, «ya que, en su configuración actual, excluye a la mayoría de los niños de las familias que más necesitan de un apoyo de la sociedad para enfrentar su situación de carencias».

El diagnóstico presentado en el documento establece que la década terminó con una tasa de desempleo mayor y un crecimiento de la precariedad laboral, el informalismo, existiendo la percepción casi unánime (y las cifras lo demuestran) de que hay un creciente fenómeno de exclusión social que se manifiesta en diversas dimensiones (guetización, pobreza infantil, disminución de la cobertura de seguridad social, etc).

A partir de este momento, la desocupación se ubica en un nivel más alto, pese al importante crecimiento del PBI registrado entre 1995 y 1998.

Propuestas

Además de realizar un análisis de la realidad social uruguaya, el trabajo establece una serie de propuestas a las situaciones de pobreza. Entre ellas se encuentra facilitar la inclusión en la seguridad social, ampliando a otros sectores y modificando la reciente ley conocida como «monotributo» para la venta ambulante.

Sugiere estimular convenientemente el ingreso a la seguridad social «como la extensión de la asignación familiar para estos sectores no incluidos y eliminar la incompatibilidad para jubilados de hogares de bajos ingresos con otra actividad». Asimismo, se indica que hay sectores que pueden asimilarse al régimen recientemente instaurado de «monotributo» como los grupos de mujeres rurales o microemprendimientos empresariales.

Otra de las propuestas hechas públicas en el seminario realizado en el anexo del Palacio Legislativo, es facilitar la inclusión de pequeños productores rurales, comerciantes e industriales mediante facilidades para el pago de deudas con la seguridad social.

Ernesto Murro, que expuso en representación de los trabajadores, explicó sobre la situación de los pequeños empresarios de escasos recursos que no pueden acceder a los derechos jubilatorios por deudas patronales.

Un nuevo planteo está dirigido a ejecutar una progresiva elevación del mínimo jubilatorio del actual stock de pasividades inferiores a $ 1.973.

Incluso, la batería de propuestas se dirigió a lograr una mejoría en su atención integral de salud a personas de bajos ingresos facilitándoles su asistencia. El documento explica que una importante cantidad de beneficiarios de cuota mutual, jubilados y trabajadores de bajos ingresos (éstos últimos obligados legalmente a dicha afiliación), «en muchas ocasiones no pueden hacer uso del derecho a esta asistencia médica por los costos de órdenes y tiques u otras circunstancias». Por lo tanto se propone una sensible reducción de los valores de órdenes y tiques de asistencia médica por instituciones de asistencia médica colectiva que hagan efectivamente accesible el derecho para personas de hogares de bajos recursos o la atención integral adecuada por los servicios de salud estatales debidamente coordinada. Los representantes de los trabajadores en el BPS proponen la creación de un ámbito de coordinación interinstitucional de políticas sociales con participación de organizaciones representativas de la sociedad civil. También plantean la creación de un Sistema Nacional de Información Estadística consolidada de todas las fuentes de información sobre políticas sociales en el país. *