Ayer nació la Unión de Pescadores Artesanales

ETTORE PIERRI

 

En una nutrida asamblea, hombres y mujeres de la pesca artesanal crearon ayer en San Luis, Canelones, donde Uruguay posee uno de los más importantes caladeros del Río de la Plata, la herramienta que les permitirá defender sus derechos y bregar por una mejor calidad de vida.

«Nunca lo habíamos logrado y ahora que la idea se concretó, por fin vemos a nuestra organización como un gran paso que tiene valor histórico», dijo Peña.

Oscar Gómez presidirá la comisión directiva de UPAR, que a partir de mañana comenzará a delinear sus objetivos prioritarios en esta etapa, según fuentes de la entidad informaron en la víspera.

Lidia Vera ocupará la vicepresidencia de la Unión, cuyos otros cargos fueron adjudicados a Leticia Santini (secretaria de actas), Alejandro Ramos (tesorero), María Segredo (protesorera), Romina González (vocal) y Ricardo Paredes, Río Cohendet y Ruben Hornos (fiscales).

UPAR contará con asesoramiento legal de los abogados Daniel Pereira Manelli y Héctor Zapiraín y se propone establecer relaciones con sindicatos afines y el PIT-CNT, informó Peña.

A la asamblea que culminó con la fundación de UPAR asistieron representantes de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Junta Departamental de Canelones, Organización No Gubernamental Ecoplata, Sub Prefectura Naval regional, Facultad de Ciencias, vecinos de San Luis y la escribana Andrea de Los Santos, quien legalizó el acta de fundación.

Oficio desamparado

El propósito básico de UPAR será atender los problemas que enfrenta el amplísimo contingente de personas que vive de la pesca artesanal, uno de los oficios menos conocidos por la población uruguaya y tal vez el más riesgoso de todos.

Se define como «artesanal» a la presca que se realiza en chalanas que no exceden los cinco metros de largo, con técnicas básicamente manuales y herramientas sencillas como palangres y redes de enmalle.

La pesca artesanal se concentra sobre todo en el Plata y el Océano Atlántico, pero también es importante en ríos, lagunas y los lagos artificiales creados por las represas hidroeléctricas.

Se estima que brinda ingresos por lo menos a unas 4 mil familias de todo el país, cifra que incluye a las involucradas directamente en la pesca y al extenso sector que ocupan tareas derivadas o complementarias de la captura, como procesamiento, distribución, transporte y venta, entre otras.

Esta actividad está sujeta a un sistema de comercialización monopolizado por un puñado de empresas que abastecen al mercado interno y exportan. Las empresas compran las capturas de los pescadores al precio que ellas mismas fijan unilateralmente y luego las revenden en los circuitos locales y externos con grandes márgenes de ganancia, tal como sucede en muchos otros ámbitos productivos del país.

Salvo disposiciones aisladas, no existe legislación que regule o ampare a la pesca artesanal y sus trabajadores no cuentan con seguros por enfermedad o accidentes ni ningún otro tipo de beneficio social.

Obligados por su trabajo a permanecer cerca de la costa, los pescadores artesanales de Montevideo y Canelones viven en ranchos precarios construidos sobre la arena, sin servicios elementales.

En San Luis, por ejemplo, la comunidad de pescadores es en rigor un asentamiento irregular de madera y chapa que no cuenta con las condiciones mínimas indispensables para asegurar una buena calidad de vida.

Las propias familias de pescadores que están allí pueden mejorar sus viviendas y dotarlas de servicios básicos, pero no lo hacen porque las autoridades nunca regularizaron el asentamiento.

«No podemos invertir en mejoras los pocos pesos que ganamos si no nos aseguran que podremos quedarnos aquí», dicen los pescadores.*