Diez mil familias no pueden pagar $ 400 mensuales por sus viviendas

La secretaría de Estado, a través de la Dirección Nacional de Vivienda, viene intimando a los deudores, todos ellos familias de bajos ingresos.

Se estima que la omisión en el pago de 2 unidades reajustables mensuales (414 pesos) exigidas a los adjudicatarios pertenecientes al Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV) alcanzó el 80% en algunos complejos habitacionales. El mayor incumplimiento se registra en Montevideo y Canelones.

Mvotma podría solicitar el lanzamiento vía judicial de las familias que no cumplen con el aporte mensual durante cinco años a partir de la ocupación, que se destina al pago del programa postobra y a los honorarios de las organizaciones no gubernamentales que administran los complejos.

Según explicó a LA REPUBLICA el director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala, durante los últimos cinco años viene registrándose un aumento en la morosidad de los adjudicatarios al SIAV, que tuvo un leve retroceso a partir del último semestre, cuando esta cartera de Estado comenzó a intimar a los deudores.

Este sistema de viviendas económicas beneficia a unas 20.000 familias, la mitad de las cuales está en situación de mora.

Señaló que las viviendas son un 100% subsidiadas por el Estado, pero aclaró que el adjudicatario tiene la obligación de cumplir con el denominado programa postobra. En su ejecución, el Ministerio selecciona y controla a las organizaciones no gubernamentales (Ong) que acompañarán el desarrollo del complejo habitacional durante 5 años, tiempo estipulado para que el residente pague las 60 cuotas de 2 UR mensuales y obtenga la propiedad del inmueble.

Acotó que el monto de las cuotas no se vierte en las arcas del ministerio, sino que una unidad reajustable se destina al pago de los honorarios que genera el funcionamiento de la Ong y la otra se vuelca a un fondo rotatorio para mejoras y ampliaciones.

Ayala denunció que en algunos complejos se constataron roturas en la construcción, extracción de puertas y ventanas para su comercialización. Incluso, hay adjudicatarios que venden ilegalmente sus casas.

Argumentó que debido a la excesiva morosidad, varias organizaciones renunciaron al programa ministerial, por las constantes pérdidas económicas. Sin embargo, otras, «aún sin cobrar y poniendo de sus propios bolsillos, continúan trabajando por voluntad propia debido a que tienen en su constitución un alto perfil social».

La realidad de la morosidad es diversa en todo el país y varía según la composición poblacional del complejo. En unas no hay morosos y en otros los deudores llegan al 80%.

Cuando se registra el incumplimiento –señaló Ayala– el Ministerio ejecuta diversos procedimientos a fin de facilitar el pago. Primero, cita a la Ong para consultarla sobre la situación. Luego, los abogados de la cartera ministerial convocan a los morosos y les presentan un menú de opciones para refinanciar.

Reconoció que una minoría no puede hacer frente al pago de las 2 UR, como en el caso de una empleada doméstica que percibe $ 1.500 y tienen 5 hijos a su cargo. Para esta situación se planteó que una UR la podría pagar realizando trabajo comunitario en beneficio del complejo.

Pero enfatizó que muchos residentes no quieren pagar. «Algunos tienen auto y televisión por cable y deciden no cumplir con la obligación», afirmó Ayala.

Señaló que una buena proporción de habitantes manifiesta que no abonarán porque tienen la certeza de que no los sacarán. Sin embargo, abonan los recibos de luz y las tarjetas de crédito, porque saben que si no, les quitarán el servicio.

«El Ministerio quiere transmitir que actuará indefectiblemente con los deudores y en caso de no cumplir, podrá iniciar acción judicial para llegar al lanzamiento de estas familias», reafirmó el jerarca. *