La mitad de los niños pobres no cobra Asignaciones Familiares

El investigador precisó que Uruguay es, a nivel continental, el país que tiene una ecuación más negativa entre pobreza infantil y la pobreza general.

Esta situación de crisis de esta franja etaria de la población se traduce en que en los últimos años, las asignaciones familiares experimentaron un deterioro del 40% en comparación con el nivel del aumento a las pasividades.

En su exposición, el sociólogo Fernando Filgueiras anticipó el proyecto de investigación sobre Integración, Pobreza y Exclusión Social de la Universidad Católica, denominado «Diagnóstico y Políticas Públicas para Infancia y Familia», que será publicado a mediados de setiembre. Consideró que Uruguay debe incorporar a su legislación políticas concretas para la infancia, la adolescencia y la familia.

Recordó que ya en 1999 se detectó un marcado proceso de infantilización de la pobreza. Señaló que Uruguay, en términos comparativos, presenta «la peor relación en América Latina entre pobreza infantil y pobreza general».

Desde 1985 a 1994, la situación de la pobreza general mejoró, alcanzando una tasa del 19% de personas por debajo de la línea de pobreza. Pero desde mediados de la década del noventa, se registró una constante caída en la calidad de vida de los uruguayos.

Filgueiras destacó que, actualmente, la pobreza en la niñez duplica al promedio general, mientras que en los últimos diez años se agudizó la brecha generacional.

Desde el punto de vista laboral, los sectores más jóvenes de la población son más afectados por el desempleo durante los últimos años. Incluso, adujo el sociólogo, a pesar de un intento de flexibilización en la economía y el mercado laboral uruguayo a partir de 1994, tampoco los de menor edad se vieron favorecidos.

Explicó que con este fenómeno podría esperarse una menor estabilidad «para el corazón duro de los trabajadores de 40 o 50 años, pero mayor ingreso de jóvenes al mercado laboral y esto no se dio. Nos quedamos sin lo uno y sin lo otro».

Por otra parte, Filgueira estableció que Uruguay tiene niveles de pobreza en la tercera edad del 7% al 8% contra el 50% en la infancia y una marcada diferencia de prestación estatal entre ambas franjas etarias.

El origen de esta diferencia es una evolución real de las jubilaciones y pensiones obtenidas por vía plebiscitaria, mientras que en la prestación de Asignaciones Familiares, ajustadas por el Salario Mínimo Nacional, tuvo un proceso de deterioro de prácticamente el 40% de su valor real.

El sociólogo manifestó no estar en contra de los beneficios otorgados a los sectores pasivos uruguayos, sino de disminuir la brecha existente con los niños.

En referencia a las Asignaciones Familiares cuestionó la insuficiente cobertura, ya que «el 50% de los niños pobres no cobra la prestación estatal».

Anunció la existencia de una segmentación residencial y educativa de los niños, donde se aprecia un crecimiento de la población infantil en los barrios homogéneamente pobres, «produciéndose una descapitalización de horizontes de vida de estos niños».

En relación a la precariedad familiar, Filgueiras indicó que la disminución de hogares con padres casados fue doblemente mayor en los hogares de sectores pobres, estableciéndose una baja de 30% en 10 años. Informó de una segmentación de las rutas emancipatorias, señalando que muchos adolescentes adoptan roles familiares en forma precoz y precaria, lo que incide en el ausentismo escolar.

Con respecto a las diferencias entre jóvenes de bajos y altos recursos, el director de la Intendencia Municipal de Montevideo, Miguel Fernández Galeano, dijo ayer en el seminario que se detectaron disparidades en relación al usufructo que hacen de los servicios estatales quienes viven en la periferia de la ciudad y aquellos que habitan la Costa Este. En personas de entre los 14 a 19 años, el 35% que vive en la periferia no terminó primaria, mientras que sólo un 5% cursó segundo ciclo.

Entre los jóvenes que no trabajan ni estudian, un 26% reside en Paso de la Arena, mientras que un 6% en Pocitos.

Otro de los invitados al seminario fue Daniel Olesker, director del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT. El economista explicó que todos los servicios que presta el Estado representan el 8% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a unos U$S 1.600 millones, lo que consideró como «un bajo gasto y de poco peso».

Denunció que las políticas sociales no pueden ser «residuos del pago de la deuda externa y militar», puntualizando que durante la década del noventa se aplicaron políticas sociales de bajo nivel presupuestal, que tienden más a la exclusión que a la focalización de recursos.

Olesker consideró que la política fiscal no debe ser solamente recaudatoria, «tal como ocurre actualmente con las nuevas propuestas económicas gubernamentales». Puso como ejemplo la aplicación generalizada del 19% del IVA a los bienes de consumo, manifestando que se debe recurrir a diferentes franjas tarifarias.

Se mostró partidario de implantar políticas macrosociales, pero poniendo énfasis en la focalización. Por su parte, Ernesto Murro, integrante de la representación de los trabajadores en el BPS, que en el seminario entregó un documento con los planteos y el diagnóstico de la realidad sobre las políticas sociales, enfatizó que en el primer semestre de 2001, el organismo entregó U$S 50 millones menos en prestaciones en comparación con igual período del año pasado.

Murro denunció, además, el crecimiento de la precariedad laboral, revelando que 658.000 uruguayos tienen problemas de empleo.

Con respecto al temor de perder el trabajo, el politólogo Oscar Bottinelli dijo que la percepción ciudadana «existe: un 42% de la población tiene miedo por su situación laboral». *

Sociólogos, enconomistas y politólogos debatieron en torno a las políticas sociales, en el marco de un seminario celebrado en el Palacio Legislativo.