Se acortan los plazos para las mutualistas inviables

Aunque no comunicó un día en particular, el mensaje del Ministerio de Salud Pública es que los plazos para las mutualistas –sobre todo para aquellas mayormente deficitarias– se van acortando. Las autoridades del Programa de Modernización del Sector Salud (Promoss), la Dirección de Control de Calidad y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), se reunieron ayer durante siete horas en la sede ministerial con las instituciones Gremca –que proyecta ser absorbida por Impasa– Oca Larghero, que mantiene desde el año 2000 un proyecto de complementación de servicios con Casmu, y por último, con la mutualista CIMA, que no integra la lista de las cuatro económicamente más débiles.

La Cooperativa Médica Uruguay España (Comue) se reunirá en los próximos días con las autoridades sanitarias, así como Casa de Galicia que fue citada para mañana. También quedó postergado el encuentro con la mutualista Cudam, que procura absorber a Central Médica.

Acerca de la Cooperativa nacida luego de la clausura de Uruguay España –cuyo intento de fusionarse con la mutualista Universal quedó frustrado meses atrás– las autoridades entienden que su futuro es precisamente que sea absorbida por otra entidad, pues de lo contrario se consideraría inviable.

«Se discutieron los proyectos presentados el 17 de mayo (por parte de Central Médica, Gremca, Comue y Oca-Larghero), a los cuales el Ministerio de Salud Pública había puntualizado distintos grados de observaciones», dijeron a LA REPUBLICA participantes del encuentro. Agregaron que con esta reunión y la instalación para el viernes de la Comisión de Seguimiento con el objetivo de implementar las medidas del documento del 4 del abril, «el MSP está marcando plazos para que las entidades ajusten tales observaciones. Es un mensaje por un lado alentador, porque se retomará la Comisión de Seguimiento, pero por otro lado, el ministerio les está indicando que existe preocupación por el escenario del sector», señalaron nuestras fuentes.

En el caso de Oca-Larghero, que tiene un déficit aproximado de U$S 17 millones, el MSP observó que la mutualista no detalló en el proyecto presentado cómo pagaría la refinanciación de su deuda a los acreedores. Por otra parte, la cartera de Salud hizo hincapié, tanto para Comue como para Oca-Larghero, en la garantía que deben presentar ambas instituciones para pagar los servicios contratados a terceros, por ejemplo servicios de tomografía. El camino señalado por la secretaría de Estado es que si no los puede abonar, tales prestaciones deberán ser incluidas por la mutualista en cuestión, de lo contrario la misma será declarada inviable.

No habrá decisiones políticas

Por su lado el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, dijo que «se conversó con las instituciones cuyos proyectos deberán ser analizados y aprobados por el Promoss, por una calificadora de Riesgo y por la Comisión Interministerial integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y el de Salud Pública».

El examen de la situación se extenderá durante dos meses. «La FUS convoca a todas las instituciones a que analicen los proyectos que presentarán», de cara a obtener el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, «para conocer de cerca las medidas que es necesario aplicar», dijo Bermúdez. Añadió que «el MSP trasmitió que las futuras decisiones sobre las mutualistas serán técnicas y no políticas».

Números y crisis

En el marco de la crisis, el gremio de los trabajadores no médicos reclama que el 3,5% del personal ocupado del sector percibe casi 18% del total de la masa salarial, esto es, que 700 personas perciben un promedio de $70.000 por mes y que los 10 salarios mayores en el sector oscilan desde los $290 mil a los $470 mil.

Hace 14 meses, según las auditorías del MSP, la deuda del sector mutual ascendía a U$S 329 millones, de los cuales U$S 278 millones constituyen la deuda de corto plazo.

Los principales acreedores del sistema son los proveedores de bienes y servicios que totalizaban hasta entonces una deuda de más de U$S 167 millones, mientras que a las entidades financieras se les adeudaba más de U$S 60 millones. La deuda con el personal ascendía a más de U$S 59 millones. *