En Montevideo hay más de 40 mil viviendas desocupadas

En las dos últimas décadas se ha registrado un crecimiento explosivo de asentamientos precarios o irregulares habitados en su mayoría por familias de bajos recursos que debieron «emigrar» desde el interior del país a la capital y desde ésta al cinturón de la ciudad, obligadas por el alto precio de los alquileres y la falta de oportunidades laborales. A pesar de esto se estima que en Montevideo 40.000 viviendas –pertenecientes al Banco Hipotecario del Uruguay, al Banco de Seguro del Estado y bancos promotores privados, entre otros– permanecen desocupadas. Según el último censo de vivienda, en 1992 existían 36.500 casas sin habitar. La situación resulta contradictoria o, al menos, paradójica, si se tiene en cuenta que un 57% de los 198.000 uruguayos que viven en miles de asentamientos irregulares distribuidos a lo largo de todo el país, provienen de apartamentos o viviendas decorosas, según un informe elaborado por la Comisión Especial para la Regularización de Asentamientos de la Junta Departamental de Montevideo.

Los motivos del elevado número de inmuebles que se encuentran sin arrendar en Montevideo podrían resumirse en dos causas: la falta de ingresos dignos y de garantías de alquiler que permitan el acceso a estas viviendas, y la oferta y demanda de mercado. Una mayor oferta de viviendas a alquilar, traería aparejado un descenso en el valor de los mismos.

Los datos recabados indican, además, que en Montevideo 14.000 familias viven en un cuarto de pensión o inquilinato, mientras que 400 personas se encuentran en situación de extrema indigencia sobreviviendo en la calle.

El edil asambleísta Jaime Igorra, integrante de la Comisión Especial para la Regularización de Asentamientos de la Junta Departamental, dijo a LA REPUBLICA que la falta de empleo, salarios dignos y la imposibilidad de acceder a una garantía son los principales obstáculos que deben enfrentar las familias inmersas en esta situación.

«Esta situación no comenzará a revertirse hasta tanto no se tenga una real política de vivienda y también otro modelo de país»

Oferta y demanda

Por su parte, el presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Salomón Noachas, afirmó a LA REPUBLICA que las viviendas sin ocupar, pertenecientes a la institución bancaria «no llegan a un centenar y en la mayoría de los casos, se encuentran en la órbita judicial, por falta de pago, desalojo o separación de cónjugues», expresó.

En la actualidad, el BHU tiene en contrucción 2.500 viviendas que, segun el jerarca, se encuentran en un 50% de avance de obra.

«De ninguna manera se puede tomar esta cifra como casas desocupadas, ya que están en fase de construcción y además, como es característica del banco, el 80% de las mismas ya fue asignada», expresó.

En tanto, José Argul, presidente de la Cámara del Bien Raíz, catalogó como «absurdo» pensar que existen miles de fincas desocupadas con el único propósito de evitar el descenso de los precios de arrendamiento del mercado.

«Realmente me parece absurdo que alguien pueda pensar que existen mentes siniestras que estén especulando y pensando que poner en el mercado esas viviendas ocasione una baja en los precios de los alquileres.

Si hay una competencia de oferta y mercado, y la cifra manejada es real -lo cual dudo- no afectaría en nada. Por el contrario, sería mejor. Lamentablemente, el Banco Hipotecario no entra en el mercado de arrendamiento. De hacerlo, posibilitaría de forma más sencilla el acceso a la vivienda», señaló Argul.

«Es muy difícil arriesgar una cifra sobre cuántas son las viviendas que se encuentran desocupadas, así como en qué está basada esa categorización.

Existen casos, que comprobé personalmente, de cientos de fincas adquiridas por uruguayos que viven en el extranjero y que se encuentran desocupadas en forma temporal, generalmente bajo el ciudado de familiares», indicó.

Política «discriminatoria»

Para el edil Igorra, el préstamo de U$S 110 milones, otorgado por el Banco Intermericano de Desarrollo (BID) al Poder Ejecutivo, tendiente a implementar un plan de integración de asentamientos precarios en todo el territorio nacional constituye «otra muestra de la discriminación» contra el gobierno muncipal del Encuentro Progresista-Frente Amplio de Montevideo.

«En Montevideo se encuentra el 80% del total de estos asentamientos. Sin embargo, sólo se le asignará el 27% de estos recursos, lo que equivale a 30 millones de dólares.

Sostuvo, además, que la adquisición y fraccionamiento de tierras en lotes con servicios, como forma de que los asentamientos no sean levantados en «terrenos ajenos» pregonada como una salida viable desde el gobierno central, no representa una solución de fondo a la problemática.

«El gobierno sostiene esto basado en que sobra tierra y falta gente, cuando en realidad lo que sobra para resolver el problema de los que viven en asentamientos son viviendas y faltan empleos con ingresos dignos. Asimismo, recordó que «en su primer período y en ocasión de la Conferencia Mundial del Hábitat, el entonces Presidente Julio María Sanguinetti adelantó, a modo de vaticinio, que para el año 2000 cada familia uruguaya tendría su casa propia. Además de no haber cumplido con lo prometido, la situación se ha agudizado aún más como consecuencia de la política neoliberal implementada y sostenida desde el gobierno de coalición» reflexionó el edil.