La Justicia se pronuncia el jueves sobre acción de amparo por MIDU

La jueza Estela Jubette en la audiencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno escuchó ayer las exposiciones de cada una de las partes. Tal como estaba previsto desde la primera audiencia del viernes pasado, parecía improbable que ayer la magistrada se expidiera sobre el tema.

El objetivo del recurso jurídico interpuesto por los asociados de la cerrada mutualista, es suspender la aplicación del decreto de clausura dispuesto por el Ministerio de Salud Pública.

La Ley 15.181 establece que el MSP ejercerá la inspección, fiscalización y control en los aspectos técnicos, administrativos, contables y técnico-laborales del funcionamiento de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

Los pasos previos legales al cierre de una entidad mutual incluyen una intimación bajo apercibimiento de sanciones o medidas que correspondan.

La normativa prevé que, agotada la investigación y cuando medien graves irregularidades, Salud Pública propondrá al Poder Ejecutivo, mediante resolución fundada, la intervención de dichas entidades por un plazo de seis meses prorrogables por igual período.

Según el abogado patrocinante de los socios, Héctor Zapirain, «no surge del expediente del MSP que se haya intimado a MIDU en algún momento», aunque el ministerio sostuvo que lo hizo en el mes de noviembre.

«Tampoco –continuó Zapirain– existe un informe de actas de inspección o denuncia de que la mutualista no puede prestar asistencia. Lo que sí existe es la claúsula del apoyo asistencial del Casmu presentado en el proyecto de viabilización el 17 de mayo pasado.

El profesional entendió que «el MSP tendría que haber avalado o no este acuerdo de complementación, realizar las observaciones correspondientes y no concretar un cierre intempestivo».

En lo que tiene relación con Comaec, institución también clausurada el 6 de julio pasado al igual que MIDU, sus funcionarios se encuentran expectantes de los resultados de la comisión de seguimiento, instalada ayer en el Ministerio de Salud Pública. El grupo de trabajo está integrado por representantes de la secretaría de Estado, la Federación Uruguaya de la Salud, Banco de Previsión Social y los funcionarios de la institución donde se aplicó el Plan B –para médicos y no médicos– que es uno de los puntos del documento de la Comsión Multisectorial que dispone la redistribución de lo trabajadores en función de los socios que deriven al resto de las entidades. Se aguarda en los próximos días, que se integren a la Comisión de Seguimiento las cámaras que nuclean a las instituciones, Plenario de IAMC y Unión de la Mutualidad del Uruguay.

Por otra parte, varias instituciones aspirantes al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (U$S 71 millones), presentaron sus proyectos procurando demostrar su viabilidad. *