Recorte de gastos perjudicará a casi un millón de uruguayos

Fuentes del organismo previsional confirmaron a LA REPUBLICA, que más de 700.000 jubilados y pensionistas se verán afectados en su poder de compra, ya que sus retribuciones se ajustan en función de la evolución del índice medio de salarios.

Asimismo, el número de funcionarios públicos que no recibirán aumentos en lo que resta del ano es de más de 180.000 y no 90.000 como afirmó el titular de la cartera de Economía y Finanzas.

Como se recordará, el pasado miércoles, durante la presentación del Plan Económico de Gobierno ante la Comisión de Hacienda del Parlamento y posteriormente en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Bensión confirmó las versiones trascendidas respecto a que los funcionarios estatales no tendrían más aumentos salariales en lo que resta del ano.

Asimismo, explicó que de mantenerse la tendencia de aumento del Indice de Precios al Consumo en el orden de un 0,6% mensual, la pérdida en el salario real «sólo afectaría a 90 mil funcionarios» dependientes de la Administración Central.

Sin embargo fuentes del Banco de Previsión Social confirmaron a LA REPUBLICA, que el gobierno central aporta al organismo por 182.000 funcionarios aproximadamente, entre los cuales se incluye a quienes revistan en los cuadros de entes autónomos y servicios descentralizados.

Quedan excluidos los profesionales, bancarios, policía y militares que aportan a sus respectivas cajas descentralizadas.

Pasivos afectados

Las fuentes consultadas por LA REPUBLICA informaron que la pérdida salarial no sólo afectará a los empleados estatales activos, sino que también repercutirá en las pasividades que abona el organismo previsional. En esa hipótesis, 727.995 jubilados y pensionistas también sufrirán la anunciada congelación salarial.

Según este razonamiento, a los 90 mil funcionarios públicos afectados que mencionó el ministro de Economía, habría que sumarle 92.000 que aportan mensualmente a las arcas del BPS.

A esta cifra, debería sumarse los 727.995 pasivos que tampoco tendrán aumento y, por ende, experimentarán una importante pérdida en su poder de compra.

En esta situación, la suma total de afectados totalizaría 910.000 uruguayos, tanto activos como pasivos.

El hecho de que la pérdida en el sector público afecte a las pasividades obedece a lo establecido en el artículo 67 de la Constitución de la República que, a texto expreso, senala: «Los ajustes de las asignaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del Indice Medio de Salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central».

Cabe destacar que durante la campana por la reforma constitucional promovida por las organizaciones de jubilados y pensionistas en 1989, el actual presidente de la República, Jorge Batlle Ibánez fue uno de los más férreos opositores a la modificación que determinó que los ajustes de las pasividades serían paralelos a los incrementos salariales de los funcionarios estatales.

El Indice Medio de Salarios es una variable económica calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en función de la cual se ajustan las jubilaciones, la Unidad Reajustable y la Unidad Reajustable de Alquileres. El cálculo surge de la comparación de variables establecidas en base a datos proporcionados por el sector privado y público, sobre los trabajadores pertenecientes a las categorías representativas de cada rama u organismo público.

Habrá pérdida

Este único ajuste salarial anual otorgado en el presupuesto de enero, es totalmente legal y está amparado en la ley 16.903.

En esta norma se establece que cuando la inflación no supere el 10% anual en cada una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior, el Poder Ejecutivo podrá ajustar los salarios por períodos no inferiores de seis meses ni mayores de doce.

Es decir, que el equipo económico actúa legalmente al aplicar un ajuste anual, situación que no se cuestiona.

Asimismo, admite que de plasmarse la suba del IPC proyectada, habrá pérdida salarial.

Sin embargo, al cuantificar el número de uruguayos afectados por esta pérdida (que podría oscilar entre el 2,5 y 4,5%), el gobierno sólo incluyó a la décima parte de los realmente damnificados.