Justicia actuará para proteger la salud de la población tras cierre de Trenal

La planta incineradora de residuos hospitalarios de Salto, Trenal SA, fue clausurada por resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Su autorización fue revocada luego que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) constatara que sus emanaciones eran contaminantes y que no se habían llevado a cabo las correcciones ordenadas por el organismo de contralor estatal. Las autoridades incluso habían autorizado dos prórrogas a Trenal para que ésta corrigiera las observaciones impuestas.

Asimismo, la fiscal letrada de 2º Turno, doctora Adriana Costa, inició una acción de oficio sobre el particular con la intención de proteger la salud de la población del eventual impacto ambiental originado por la incineradora. La Justicia busca preservar el interés público y, eventualmente, poner fin a una posible contaminación del medio ambiente.

El documento que prohíbe a la empresa seguir operando en Salto fue notificado ayer a los titulares de Trenal SA por parte de las autoridades ministeriales. La decisión, que lleva la firma del ministro Carlos Cat, fue adoptada debido a que Trenal no cumplió con las condiciones para el tratamiento de los desechos hospitalarios ordenados por la Dinama.

La resolución ministerial establece que la empresa no complicó con «la importante exigencia del nuevo plan de operación y gestión ambiental de la planta, no ha presentado un detalle técnico de las unidades de incineración en funcionamiento y del sistema instalado para dar tratamiento a los efluentes gaseosos».

En varias ocasiones la empresa fue multada y el Mvotma le concedió prórrogas para reparar las deficiencias que contaminaban el ambiente. Se asegura que los hornos funcionan a una temperatura inferior a la exigida por la Dinama, es decir entre 1.000 y 1.200 grados. Asimismo se ha indicado que en la planta se quemaron aguas de sentina, hidrocarburos y materiales peligrosos de barcos que anclaron en el Puerto de Montevideo. Surgieron en la ocasión denuncias acerca de que se enterraron residuos biológicos en predios aledaños a la planta.

Entre las omisiones a la normativa vigente también estaba la cantidad de residuos que eran tratados en la planta, información que nunca fue aportada.

El Mvotma resolvió asimismo que los residuos de los hospitales públicos sean trasladados a la planta de Aborgama Ducelit SA, que funciona en el departamento de Maldonado.

Precario

Si bien Trenal operaba con una autorización precaria, la cinta inaugural de esta planta había sido cortada por el entonces presidente, Julio María Sanguinetti.

Las protestas de los vecinos por la eventual contaminación en la zona cercana se hicieron sentir paulatinamente y arreciaron en los últimos tiempos con las denuncias reiteradas del edil del Encuentro Progresista Federico Stalker y del diputado democratacristiano Ramón Fonticiella.

Según los denunciantes, el impacto ambiental era provocado por las emanaciones del humo resultante de la incineración de residuos hospitalarios. El primer mandatario, doctor Jorge Batlle, en su última visita a Salto recibió de manos del edil Stalker un memorando explicativo, en el cual solicitaba que la planta fuera clausurada de inmediato, medida que ocurrió ayer.

Fue asimismo seriamente cuestionada la designación, como supervisor técnico de la planta, del ingeniero agrónomo Enrique Fernández Matos, quien, en su anterior condición de asesor municipal en materia de Medio Ambiente, había firmado el permiso para la instalación de la incineradora en un predio propiedad de la comuna salteña. Junto a Marcelo Conserva (director de Trenal), era Fernández Matos quien dirigía los trabajos en el complejo de tratamiento de los residuos hospitalarios. Por su parte, Carlos Celis, propietario de Natura (otra empresa procesadora de residuos tóxicos) había denunciado que Trenal SA contaba con padrinazgos políticos que le permitieron trabajar a pesar de las irregularidades.

El ministro Cat, sin embargo, remarcó que su cartera no recibió ningún tipo de presión política.*