Ginecólogo acusado

La muerte de la bebé había conmocionado a los fernandinos a mediados del año pasado, cuando la esposa de un funcionario policial fue internada de urgencia para un parto espontáneo y fuera de tiempo. Sin embargo, aunque débil, nació una niña que casi inmediatamente fue declarada muerta por el médico interviniente. Así se informó a los padres, quienes reclamaron a viva voz por verla, ya que les habían dicho que la pequeña aún estaba con vida. Y así era.

Siete horas después del parto, la bebé fue trasladada al CTI del Hospital Pereira Rossell donde, a pesar de los cuidados que recibió, falleció una semana después a raíz de una insuficiencia respiratoria.

El caso tuvo otras repercusiones, a raíz de un debate público comenzado por el médico Mario Gomensoro, director del hospital departamental, quien responsabilizó a la madre por «no hacerse los controles prenatales».

El padre de la niña fallecida presentó, entonces, una denuncia penal por «difamación e injurias», al estar en condiciones de demostrar que su esposa se había realizado los controles requeridos. La responsabilidad de los médicos participantes en el hecho fue negada por el jerarca.

En forma simultánea, se ordenó una investigación judicial por la posible existencia de una clínica abortiva en el propio hospital, de la cual se responsabilizaba a uno de los ginecólogos.

A raíz de este episodio, se entabló una polémica pública, en este caso entre Gomensoro y el médico forense Héctor Volonté, quien, cumpliendo una orden judicial, había retirado varias historias clínicas de la administración del Hospital.

El primero acusó al segundo de «llevar adelante una campaña de tipo político contra él y el hospital» y el propio ministro de Salud Pública, Raúl Bustos, ordenó una investigación administrativa, que «no encontró irregularidades».

Vale consignar que Gomensoro integra los cuadros del Foro Batllista y está casado con la actual secretaria departamental del Partido Colorado. En tanto, Volonté fue electo convencional por el sector liderado por el ex ministro de Turismo, Benito Stern, pero luego se incorporó a la 15, acompañando la candidatura de Conrado Bonilla.

Admite acusaciones

Ahora, el ginecólogo denunciado por presuntas prácticas abortivas reconoció, durante un careo realizado en la sede judicial, que «había intentado cobrarle 180 dólares a una paciente para realizarle un legrado sin conocimiento de la administración hospitalaria». La mujer sostuvo que «no llegó a pagarle, porque la intervención no fue satisfactoria y debió ser intervenida por otro ginecólogo».

Ahora, el fiscal Gustavo Zubía analiza un posible pedido de procesamiento contra el ginecólogo por el delito de «conjunción del interés público con el privado».

Esta figura delictiva es excarcelable. Sin embargo, como el facultativo enfrenta otro posible pedido de procesamiento por presunta «omisión de asistencia», no es improbable que la Justicia disponga su remisión a la cárcel.