Hay 10.000 jubilacionesmenos; montos cayeron 16%

Hugo Acevedo

 

En extensa nota conjunta concedida a LA REPUBLICA, Murro y Colotuzzo realizaron una profunda evaluación de su gestión, desde que asumieron hace ocho años hasta su alejamiento.

Ernesto Murro destacó que la experiencia de ocho años en la representación de los sectores sociales en el Directorio del BPS, coincidió con el proceso de privatización del sistema previsional uruguayo.

Calificó la reforma previsional que creó el sistema de cuentas personales, como «radical y regresivo», afirmando que ante la ofensiva privatizadora, los directores sociales tenían tres alternativas: «Asumir una actitud resignada, de complicidad o hacer lo que se hizo, que fue enfrentar el sistema».

Reflexionó que se articularon estrategias conjuntas con las organizaciones sociales, «actuándose con profesionalidad y propuestas de cambio».

Admitió «el error» de haber formulado recién en setiembre de1999 una propuesta alternativa en materia de reforma previsional, explicando que se requirió un tiempo para madurar la idea y poder actuar con profesionalidad a la luz de la experiencia obtenida en los cargos de representación social.

Por su parte, el ex representante de los pasivos en el BPS, Luis Alberto Colotuzzo, denunció que, en estos últimos años, se ha precipitado una «una avalancha privatizadora hemisférica emanada de los grandes centros internacionales de poder».

A su juicio, a partir del modelo chileno, los movimientos privatizadores fueron creciendo a nivel de la región, articulados por los agentes del mundo financiero.

La consecuencias fueron los sistemas de capitalización individual, destinados a quebrar una tradición de reparto solidario intergeneracional.

 

Recetas foráneas

Colotuzzo manifestó que cuando se comenzó la discusión de la reforma previsional, las organizaciones de jubilados y pensionistas rápidamente advirtieron que «no había espacio para la discusión, porque ya estaban las recetas impartidas desde el exterior, que tenían una mayoría garantizada en el Parlamento».

Afirmó que, cinco años después de haberse implantado la nueva ley, los primeros indicadores –que son realmente inquietantes– le dan la razón a los sectores sociales que promovían soluciones diferentes al actual sistema con participación privada. «Lejos de disminuir el déficit del sistema, el mismo se ha triplicado».

Situó la actual merma de los montos jubilatorios entre un 15% y un 20%, a consecuencia de la aplicación de las nuevas normativas en la materia. Además, afirmó que «la gente no accede a la pasividad, porque sabe que no reúne los 35 años, que deben esta contabilizados y registrados en el departamento de tesorería del Banco de Previsión Social».

Murro explicó que «nuestra concepción de seguridad social no es política, sino que se basa en la concepción que tiene el mundo –en forma mayoritaria– de la seguridad social».

Refutó a los detractores del sistema intergeneracional, afirmando que «el mundo desarrollado –en un 90%– tiene un fuerte sistema público». Hizo notar que la aplicación de los proyectos privatizadores se plantea apenas para una decena de países de la región, en contraste con lo que sucede, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea. «Allí los gobiernos, desde la derecha hasta la socialdemocracia, han reafirmado un sistema público de seguridad social».

El ex director social consideró que la otra lectura de esta realidad está relacionada con el modelo que se plantea desde el Banco Mundial, que impulsa un sistema privado administrado por sociedades lucrativas. «Esa es una receta impuesta que, en muchos casos, viene acompañada de préstamos condicionados para la aplicación de esas reformas o para otros propósitos».

Murro destacó que uno de los propósitos de los directores sociales que representan a trabajadores y pasivos es «combatir esa concepción y reclamar el debate».

Observó que una de las características de los países donde se ha implantado el sistema de cuentas personales «es la falta de información y transparencia, de diagnósticos serios y de consulta ciudadana».

«Desde el año 1999, no se sabe cuántaspersonas están cotizando, porque el BPS sigue incumpliendo su obligación de notificar a los trabajadores una vez por año el registro de su historia laboral».

Sobre su gestión, precisó que «decidimos participar no sólo como controladores y fiscalizadores, sino tratando de hacer investigaciones, informando a la población y elaborando propuestas globales y particulares».

Ese trabajo fue volcado en el seno del Directorio del BPS, donde, pese a actuar en minoría, los directores sociales marcaron su presencia.

Destacó la gran responsabilidad de actuar en la gestión de un organismo que administra U$S 3.200 millones –el 15% del Producto Bruto Interno del país– y atiende directamente a casi dos tercios de la población uruguaya.

Al retomar la palabra, Luis Alberto Colotuzzo evocó el proceso de reconversión del sistema previsional, criticando las campañas de afiliación a las AFAPS. Recordó que se llegó a afirmar que los futuros jubilados por el nuevo sistema cobrarían dos pasividades y que tendrían un ajuste de un 150%.

Reafirmando las reflexiones de Colotuzzo, Murro calificó la publicidad de «engañosa», afirmando que «incluso un diputado y un senador de los partidos votantes de la ley –que eran dos figuras importantes– solicitaron ser desafiliados de las AFAPS afirmando que habían sido mal informados».

Colutozzo precisó que de los 580.000 trabajadores registrados como afiliados, un gran porcentaje no está cotizando regularmente. Advirtió que muchos de ellos, al completar los 35 años de actividad, no podrán jubilarse.

El ex representante de los pasivos destacó que «hoy hay 10.000 solicitudes de jubilación menos que hace dos años.» Atribuyó esta situación a los diagnósticos disponibles, que establecen una caída de los montos jubilatorios estimada en entre un 15% y un 20%.

Sobre este tema, Ernesto Murro reflexionó que «el problema fundamental es la exigencia de 35 años para jubilarse, que es un caso único en el mundo». Indicó que esta situación tiene otras derivaciones sociales, refiriéndose al caso de un trabajador de 50 años que se queda sin trabajo, sin seguro de paro y sin poder jubilarse.

En estas situaciones concretas –afirmó el ex director social– «el sistema aumenta la exclusión». Añadió que los estudios que se están realizando sobre el fenómeno de la emigración marcan que la población que abandona el país está integrada por jóvenes y personas de más de 50 años.

Otro aspecto destacado por Murro de la gestión de los directores sociales es «que no se actuó corporativamente. Cuando votamos en el Directorio, lo hicimos pensando en el país, más allá de nuestra condición de representante de los trabajadores».

Consideró que, visualizando el futuro, se debe pensar en una seguridad social de concepción amplia, «que no sólo ampare a los trabajadores formales, sino también a los que no están».

Al respecto, recordó un informe elaborado por el equipo que lo acompañó, que da cuenta que acualmente hay 420.000 uruguayos que no cuentan con ninguna protección ni amparo.

También se refirió a la situación de 360.000 menores de 18 años que viven en la pobreza, afirmando que «esos son dos de los sectores de excluidos que deben ser priorizados».

En otro orden, Ernesto Murro reveló que «en 1999, las jubilaciones nuevas cayeron un 16%, proceso que se repitió en 2000″. Con respecto al tema, Colotuzzo opinó que «a raíz de la situación económica, s
e prioriza el mantenimiento de la fuente de trabajo en detrimento del salario». Recordó que el año pasado, el aumento del costo de la vida alcanzó al 5,5% y el incremento de las pasividades fue del 3,8%, lo que supone una diferencia negativa del 40%.

Retomando el diálogo, Ernesto Murro recordó la prédica de los reformistas, que se fundaba en la necesidad de fomentar el ahorro.»Sin embargo, un estudio encargado por el propio gobierno a través de la OPP, revela que el ahorro no aumenta ni el déficit disminuye, desde ahora a 2050″.

Precisó que hoy el Banco de Previsión Social recibe, entre los siete puntos del IVA y la asistencia financiera del Estado, unos U$S 1.400 millones de dólares. «Ahora, se propone un nuevo impuesto que va a pagar toda la población –el Cofis– que supone tres puntos más de IVA». Según nuestro interlocutor, ello supone «un financiamiento regresivo, porque se origina en impuestos al consumo».

Murro destacó que «logramos que el Directorio del BPS le devolviera a los trabajadores de bajos ingresos un 1% que se les había descontado indebidamente». Además, resaltó la creciente opinión acerca de la necesidad de extender el seguro de paro a los trabajadores rurales y la firma de más de 25 convenios con instituciones nacionales e internacionales, que requieren los servicios de asesoramiento e investigación de los equipos que acompañaron a los directores sociales.