Entes difieren cobros a trabajadores rurales

El Directorio de OSE decidió suspender transitoriamente los vencimientos de los pagos de los servicios de agua potable y alcantarillado, a las familias que acrediten fehacientemente estar afectadas por la epidemia de aftosa que asoló a gran parte del país.

A instancias del director Alberto Casas, las autoridades del ente decidieron instrumentar la medida para «paliar la situación económica de los empleados de las diversas industrias afectadas», tanto la frigorífica como la láctea, y curtiembres, entre otras.

OSE instrumentará para ello un plan de facilidades de pago que no supere las 12 cuotas mensuales consecutivas. La disposición caducará en el término de 6 meses a partir de la fecha de aprobación, luego de lo cual se evaluará la pertinencia de continuar con los mismos o formular ajustes.

En tanto en Antel, a instancias del director Oscar González Alvarez, el Directorio pasó a la gerencia comercial el estudio de medidas para dilatar los pagos de la factura de teléfono, como forma de contemplar la situación de escritorios rurales debido a la suspensión de remates de ganado.

González Alvarez confirmó que hubo un planteo de la Asociación Médica de Veterinarios del Uruguay, a efectos de contemplar a los veterinarios que trabajan por cuenta propia.

El gremio argumentó que dichos profesionales «gastaron demasiado» durante la eclosión de la fiebre aftosa que afectó al ganado de gran parte del territorio nacional.

El jerarca apuntó, no obstante, que Antel colabora permanentemente con el Comité de Emergencia que funciona en la órbita de la Presidencia con exoneración de líneas y cómputos de llamadas telefónicas.

En el caso de UTE, se están estudiando medidas similares pero el tema aún no ha sido tratado en Directorio.

Aumento del vandalismo

En otro orden, González Alvarez dijo a LA REPUBLICA que en lo que va del año se multiplicaron por cuatro los actos de vandalismo contra los teléfonos públicos en relación a ejercicios anteriores.

Según las estimaciones técnicas de Antel, existen tres clases de daños: el material, el lucro cesante y el de imagen. El ente pierde 50 dólares por cada aparato roto, aparte de la reposición de las partes dañadas que está a cargo de empresas privadas.

La preocupación del ente por este tema se reafirmó ayer, luego de que el miércoles por la noche se produjo la rotura de conexiones subterráneas que dejaron sin teléfono a 2.500 usuarios del barrio Borro en la capital. Los inadaptados cortaron el cable que tenía más de 2.500 conexiones, además de dejar sin teléfonos a usuarios del sistema inalámbrico WLL.

«Antes el vandalismo se producía para hurtar cables de cobre, pero en este caso ni siquiera eso. Simplemente los cortaron e hicieron destrozos», acotó el jerarca.

Las líneas fueron empalmadas esa misma noche y hasta ayer se seguía trabajando para restablecer definitivamente el servicio.

El vandalismo se da, fundamentalemente, en los teléfonos públicos, que «no son un bien rentable para la empresa», sino un servicio social, cuya reparación tiene un alto costo para el ente.

Los daños a los aparatos telefónicos habían disminuido considerablemente en el último período del gobierno anterior, luego de una fuerte campaña publicitaria alusiva al ciudado de los aparatos.