Saneamiento obligatorio

El proyecto, que fue impulsado por el director nacionalista del ente, Alberto Casas, fue entregado la semana pasada al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Cat y tiende a establecer incentivos para el «pleno aprovechamiento de la red de saneamiento», así como «facilidades para la conexión y la coordinación con los gobiernos departamentales».

OSE procurará que el proyecto sea incluido en la próxima Ley de Urgencia, a los efectos de que obtenga una rápida sanción parlamentaria.

Actualmente los trabajos de conexión, dependiendo de la longitud de la obra, cuestan promedialmente 350 dólares, que se pueden abonar a través del programa Credimat, en 24 cuotas de 150 pesos.

A través de este programa se ha realizado algo más de 500 conexiones. El ente estimó –en su momento– que las conexiones ociosas suman alrededor de cuatro mil.

El jerarca nacionalista en el Directorio de OSE consideró que la «elevada sensibilidad de los habitantes respecto del medio ambiente y la prevención de la contaminación existente», permite evolucionar de una etapa de declaración de principios (como la contenida en el artículo 47 de la Constitución y lo dispuesto por la Ley 17.283) a los hechos.

«Así lo exige también la comprobación de que la salud humana está directamente vinculada a la extensión y correcto aprovechamiento del saneamiento por parte de la población», dijo Casas en diálogo con LA REPUBLICA.

«Enfermedades como la hepatitis, infecciones gastrointestinales y otras de mayor importancia, sólo se combaten con una eficiente gestión del saneamiento a nivel nacional», opinó el jerarca.

Según Casas, la obligación de conectarse a saneamiento existe desde 1945, pero «como mera declaración de principios».

La norma proyectada establece un plazo de tolerancia de veinticuatro meses, para que los inmuebles se conecten al saneamiento público.

Se prevé establecer facilidades para solventar el costo de la conexión, estableciendo un sistema de control mediante un certificado de saneamiento que se exigiría para los actos de enajenación de inmuebles.

Coordinación con intendencias

Otro aspecto de la iniciativa de Alberto Casas refiere a la protección de la inversión que se realiza en la infraestructura vial por parte de los gobiernos departamentales, procurando establecer una coordinación en las roturas derivadas de los trabajos de conexión a sanemiento.

Casas explicó que en la actualidad existen objeciones legítimas planteadas por los gobiernos departamentales, de que las roturas que se producen en los pavimentos disminuyen en forma muy importante la durabilidad de los mismos, por lo cual la inversión realizada para un tiempo útil mayor se ve menguada por ese tipo de intervención.

La norma permitiría a OSE establecer incentivos y facilidades para las conexiones a los servicios de red pública de agua potable y alcantarillado, en forma simultánea a la ejecución de las obras por frente al inmueble, las que pueden consistir –por ejemplo– en deducciones temporales de las tarifas que brinde directamente.

«De esta forma, se procurará coordinar la obra con una correcta difusión de los incentivos y las facilidades que se establezcan para lograr el objetivo de que las inversiones que se realicen en infraestructura vial tengan la mayor duración posible», consignó Alberto Casas.