Esclavos posmodernos

José, un joven ecuatoriano de 22 años, narró a LA REPUBLICA que, junto a 8 menores compatriotas, fue engañado por un coterráneo que les prometió «un buen trabajo» y «un mejor futuro» en Uruguay. Tras un periplo de 16 días, los muchachos se encontraron ante una cruda realidad: debían trabajar más de 12 horas diarias, sin jornada de descanso, en la venta puerta a puerta de ropa autóctona. A cambio, recibían una remuneración mensual de 350 pesos y un plato de arroz al mediodía. En caso de lograr una venta, por la noche tenían derecho a un plato de sopa.

La experiencia vivida por los nueve jóvenes ecuatorianos roza, por momentos, lo dantesco. En busca de un futuro mejor, fueron engañados por un compatriota, quien los sometió en nuestro país a condiciones infrahumanas, explotándolos laboralmente. Este hombre, incluso, convenció a los padres de los 8 menores, quienes firmaron el permiso para que éstos pudieran viajar.

Los jóvenes partieron desde Ecuador el 16 de febrero de este año y tras un largo periplo de 16 días, que incluyó «tres días y sus noches en una selva sin comer, bebiendo agua de los ríos», según recuerda José. El itinerario incluyó varios trasbordos en diferentes fronteras, hasta que el 16 de marzo arribaron a Uruguay con visa de turistas.

«Este hombre me prometió que el trabajo consistía en repartir mercadería por almacenes y realizar la cobranza. Dijo que era un buen trabajo y bien pago», señala José.

Sin embargo, la ilusión de un futuro mejor se desmoronó en pocas horas. El «trabajo» consistía en vender, puerta a puerta, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, camperas y telares fabricados en Ecuador.

Antes de comenzar la jornada laboral, recibían un plato de arroz y 10 pesos para trasladarse a diferentes puntos de Montevideo, con pesadas mochilas y la mercadería a cuestas. Los días que no lograban comercializar una prenda, debían volver caminando.

Pero el trabajo no terminaba ahí: las cinco menores debían, además, cocinar y lavar la ropa de los cuatro adultos, todo ellos ecuatorianos, que regenteaban el grupo.

Durante el día, eran controlados para evitar eventuales fugas y, por las noches, dormían hacinados en una pieza, se le prohibía hablar entre ellos y eran continuamente amenazados verbalmente.

Durante los dos meses y fracción que duró la odisea, se mudaron en tres oportunidades, para evitar ser localizados por la Policía.

Inhumano

El miedo que sentían, especialmente las muchachas, los paralizaba. Cuando en alguna oportunidad se rebelaban ante la injusticia, se les amenzaba con castigos físicos.

«Si no vendíamos, no teníamos plata para el pasaje, debíamos volver caminando y no recibíamos el plato de sopa. Cuando vendíamos bien, la cena podía llegar a dos platos de sopa», afirmó José.

María Cristina, de 17 años, prima de José, sufrió un accidente al resbalarse de la escalera, mientras colgaba la ropa. Al caer, su dedo meñique quedó enganchado de la escalera y, literalmente, separado de su mano.

Quienes oficiaban de patrones, se negaron en una primera instancia a trasladarla a un centro asistencial.

Finalmente, la insistencia de los muchachos pudo más y María Cristina fue llevada al Hospital Pasteur.

«En el hospital, el médico dijo que para que mi prima no perdiera el dedo debía ser trasladada a otro centro asistencial, porque ahí no podía realizar ese tipo de operación. Esta persona se hizo pasar por tío de María Cristina y firmó un papel autorizando a que le amputaran el dedo», expresó José.

Tras la operación, el médico recomendó 15 días de convalescencia y quietud, lo que no fue respetado por estas personas. Veinticuatro horas después, y víctima de fuertes dolores, la muchacha debió cargar la mochila y salir a la calle.

Ante sus reiteradas protestas, José fue expulsado de la casa. Sin dinero ni lugar donde ir, finalmente logró contactarse con una ONG, quien –a su vez– informó de lo sucedido al diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Víctor Rossi. El legislador se contactó con las autoridades competentes, quienes procedieron a notificar al Poder Judicial.

La inspectora de Salud Laboral del Instituto Nacional del Menor, Jacinta Silva, confirmó a LA REPUBLICA haber recibido una denuncia por escrito de la ONG, en la que se daba cuenta de la explotación y maltrato a los menores ecuatorianos.

Luego de recibir la denuncia, se informó al juez de menores de primer turno, Hugo Morales.

De inmediato, el magistrado ordenó el allanamiento de la finca ubicada en Rondeau 2226.

Silva manifestó que esta fue la primera vez que el organismo actuaba en una de menores extranjeros víctimas de explotación laboral y maltrato psicólogico.

Los menores serán internados en dependencias del Instituto Nacional del Menor (Iname), a la espera de las gestiones que autoricen su repatriación. «Ahora, sólo queremos regresar a nuestro país con nuestros familiares. Nunca pensamos que íbamos a vivir esta situación», expresó José.