Médicos no aceptan propuesta de la FUS de topear salarios

«Si sólo se toma la medida de rebajar salarios como fórmula para salir de la crisis, nosotros no la aceptaremos, porque está demostrado que no existe solución para el sistema por este camino», dijo a LA REPUBLICA Francisco Amorena, dirigente de la Asociación de Funcionarios del Casmu y de la Federación Uruguaya de la Salud.

En la comisión intersectorial se analizan medidas para que el sistema mutual continúe existiendo. En ese marco, en la presente jornada, el Ministerio de Salud Pública presentará un borrador que contiene los criterios para la absorción de trabajadores en la eventualidad de la clausura de instituciones.

En un contexto de movilizaciones marcado actualmente por las mutualistas Midu y Comaec, las demás entidades del sector mutual no quedan atrás. Todas las instituciones –excepto una– adeudan salarios de sus funcionarios técnicos y no técnicos.

La Federación Uruguaya de la Salud propuso en la mesa de la comisión intersectorial que funciona en la sede del MS, topear los salarios hasta dos canastas básicas, lo que equivale a retribuciones de $35.000. La medida sería «temporaria», según explicó Amorena a LA REPUBLICA.

 

Puestos a cuidar

Para la grave crisis de instituciones que por sí mismas no están en condiciones de encontrar soluciones a su situación, según planteó la Federación, el MSP instrumentará los mecanismos que posibiliten la creación de organizaciones de segundo grado, que en los hechos significa la conformación de cooperativas o similares para que los acreedores no establezcan demandas contra las empresas, mientras éstas avanzan en un proyecto de reconversión, dándoles la garantía a los acreedores, que luego del proceso cobrarán sus deudas.

La FUS propone que el MSP deberá «establecer la normativa que en caso de cierre inminente de instituciones será aplicada a los efectos de preservar la asistencia de los usuarios y los puestos de trabajo».

 

Rechazo El tope de salarios no agrada al resto de los sectores. Los subsectores como anestesistas y cirujanos y el Sindicato Médico del Uruguay se oponen a cualquier clase de rebaja salarial, agregándose la posición de las Sociedades Anestésico Quirúrgicas, que como adelantó LA REPUBLICA, advirtieron que realizarían un plebiscito entre sus especialistas. El cuerpo médico aduce para rechazar la propuesta del gremio de los funcionarios que «no se cumplen iguales funciones entre médicos y no médicos». Amorena coincide en este punto pero señala que «el 80% de los trabajadores no serán afectados con esta medida porque perciben menos de $35.000″.

Los funcionarios no médicos cumplen 12 horas diarias de trabajo –$50 la hora– promedialmente en dos instituciones.

En su capítulo sobre mantenimiento de puestos de trabajo, la FUS intenta prevenir situaciones que puedan aumentar la crisis. «Ante el cierre de IAMC se acuerda que el Sistema y los diferentes efectos tienen el compromiso preceptivo de absorción de los usuarios y trabajadores sin distinción de categoría laboral que eventualmente quedaran sin ocupación. Se preservarán los derechos fundamentales de los afiliados (acceso a servicios) y de los trabajadores (fuente laboral y salario)».

A los efectos de proteger a los trabajadores «de las consencuencias más dramáticas de los ajustes que requieren los procesos de reconversión, el Estado establecerá las disposiciones pertinentes a los efectos de que aquellos trabajadores que tengan entre 55 y 60 años de edad (mujeres y hombres), se acojan al beneficio jubilatorio levantando las trabas que eventualmente existieran para la aplicación de esta medida».

Amorena dijo a LA REPUBLICA que «las definiciones deberán llegar ahora desde el Ministerio de Economía y Finanzas», para lo cual «deberá manejarse información acerca de la cantidad de trabajadores que pueden ampararse en este beneficio jubilatorio».

Los casos de fusión también preocupan al gremio: «La racionalización de servicios y redistribución de personal mantendrá la fuente de trabajo de todos los funcionarios de nivel operativo, conservando los salarios para los puestos de trabajo ya existentes, apuntando a su homogenización en los nuevos ingresos que en perspectiva se produzcan». Al mismo tiempo, la FUS entiende que deben eliminarse «las habilitaciones de Escuelas Privadas de Enfermería, que han demostrado evidentes carencias en la idoneidad de la formación profesional».