La crisis de la salud llega al Interior

El pronóstico de Gremeda tiene relación con la decisión de la Intendencia de Artigas, que resolvió días pasados la cesación de pagos del convenio que la comuna mantenía desde hace 15 años con la entidad asistencial.

A cambio de la atención de 3.500 funcionarios municipales, Gremeda recibía como pago U$S 100 mil mensuales, aunque la comuna acumula atrasos desde hace 10 años, elevando el monto de la deuda a U$S 2 millones.

La crisis que afecta básicamente a seis mutualistas de Montevideo, las cuales procuran alcanzar acuerdos de complementación de servicios hacia futuras absorciones con otras entidades, «puede extenderse hacia el Interior», dijo a LA REPUBLICA Italo Mogni, presidente de FEMI.

Aclaró que en el Interior «la crisis no es patrimonial, como la de Montevideo, aunque sí coyuntural». Mogni indicó que «existen unas cuatro cooperativas médicas que ven agudizada su crisis financiera debido a las deudas del sector público». Enfatizó que «el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que llegará para las entidades de Montevideo, debe alcanzar también a las instituciones de FEMI, ya que de lo contrario debe considerárselo como una discriminación».

El pasivo de Gremeda, una de las cooperativas en situación más crítica, se compone también de las obligaciones incumplidas por el Fondo Nacional de Recursos, «las cuales ascienden a U$S 300 mil, por concepto del servicio de hemodiálisis que presta Gremeda en su Instituto de Medicina Altamente Especializada», describió Gómez su directora. «Además desde el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social –a través del instituto de la primera infancia– y un convenio que Gremeda mantiene con los funcionarios policiales, se adeudan alrededor de U$S 700 mil».

En esa entidad de FEMI trabajan 320 funcionarios no médicos y 100 médicos si se conjunta la filial ubicada en la ciudad de Bella Unión. La masa de afiliados está conformada con 13.000 socios provenientes de Disse y 4.000 individuales, más algunos usuarios derivados de los convenios colectivos.

Gómez señaló que la actual situación económica del país derivó además en que 2.000 socios quedaron excluidos al perder sus empleos o no poder seguir afrontando la cuota.

 

Más problemas

La situación de la atención en el subsector privado se agrava «si se tiene en cuenta el panorama del hospital de Artigas», perteneciente a la Administración de Servicios de Salud del Estado, señaló Gómez.

El 23% de la población artiguense está afiliado a Gremeda y el resto se asiste en Salud Pública.

Gómez hizo hincapié en que «el hospital de Artigas no tiene medicamentos y muchas veces es Gremeda la que colabora con el nosocomio». Por otra parte añadió que «el block quirúrgico del hospital se encuentra en reformas y aunque las mismas no alcanzaron el Interior del block, la dirección del hospital trasmitió que cuando fuera necesario se contratarán servicios de cirugía en Gremeda».

Gómez adelantó que no harán contratos «porque Salud Pública no paga, y para empezar, ya decidimos cortar los servicios ambulatorios que préstamos a ASSE».

La presidenta de la institución precisó que Gremeda es el sustento de salud del departamento de Artigas. «Brinda a Salud Pública servicios de CTI e Intermedio Pediátrico; exámenes; ecografías y radiografías, así como cirugías.

En las zonas rurales Gremeda también asiste a toda la población, sin discriminar si el afectado es o no socio de la entidad.

Gómez advirtió que «se deberá flexibilizar el pago de salarios y habrá que realizar un estudio del modelo de atención con posible reducción de servicios».

Dijo que sin duda la situación «recaerá sobre las fuentes laborales y los salarios de los trabajadores».