Empresas de transporte reclamarán indemnización al gobierno

Las empresas de transporte turístico terrestre reclamarán una indemnización económica al Estado, por los daños patrImoniales devengados de la prohibición de ingresos de óminibus brasileños a nuestro país.

En un remitido, los operadores turísticos recordaron que el 8 de marzo pasado presentaron a la Dirección Nacional de Transporte y Obras Públicas una solicitud para que se autorizara la utilización de unidades brasileñas y argentinas, a los efectos de cubrir la demanda agregada por la semana de turismo.

Recordaron que el permiso, «que el Poder Ejecutivo está facultado a dar de acuerdo a los convenios internacionales vigentes, se ha otorgado en los últimos 15 años», aún por el actual gobierno.

El pasado 3 de abril, luego de anuncios y trascendidos, los empresarios recibieron una respuesta negativa a su solicitud, «sin que siquiera se haya intentado invocar un fundamento justificante».

Los operadores calificaron la resolución del gobierno como «arbitraria, sin fundamento y discriminatoria, en contra del sector socioeconómico de recursos modestos que no puede acceder a medios de transporte aéreos o fluviales o no tiene vehículos terrestres propios».

A juicio de los empresarios, esta situación «causa graves perjucios a todos aquellos que contrataron nuestras excursiones a los paíes limítrofes, cuya demanda no podemos satisfacer adecuadamente por culpa exclusiva de la resolución injustificada del gobierno».

Manifestaron que nuestro país no tiene suficiente capacidad de transporte para cubrir la demanda interna e internacional durante la semana de turismo. Explicaron, además, que las empresas no están en condiciones de adquirir 150 unidades para completar la flota, para ser utilizadas durante una semana al año.

Anunciaron a los usuarios que en muchos casos no podrán cumplir con las excursiones contratadas o, en el mejor de los casos, se emplearán medios de transporte de diferente calidad no adecuados para viajes largos, de lo que responsabilizaron al gobierno.

Finalmente, reclamaron al Estado las indemnizaciones del caso, «por los daños patrimoniales causados a las empresas turísticas, que ya han contratado y hasta abonado hoteles y demás servicios en el exterior».