Alarmante denuncia de un sindicalista

Ernesto Murro, representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social ha realizado en estos días unas importantes puntualizaciones acerca de la situación de vigencia o no de algunos derechos sociales básicos por parte de los trabajadores uruguayos.

El anuncio de una serie de estudios acerca de la situación de cientos de miles de trabajadores uruguayos desamparados y la seriedad y solvencia que revelan estas investigaciones muestran una vez más lo positivo que ha resultado para la sociedad uruguaya la incorporación de un representante del PIT-CNT en el Directorio del BPS, ámbito que durante decenas de años había sido coto reservado para la politiquería ramplona de dirigentes de los partidos tradicionales.

Los estudios sobre la situación real de los trabajadores han sido realizados con apoyos de insospechable solvencia tanto en el campo internacional como en el espacio académico.

Según denuncia Ernesto Murro, en una nota periodística difundida por El Espectador, «tenemos 496.000 uruguayos sin seguridad social» y agrega, «vamos a desagregar los 496.000 en números concretos de gente. Estamos hablando, por ejemplo, de 115.000 desocupados que no tienen derecho al seguro de paro. En esta década el porcentaje mayor de cobertura del seguro de paro de los desocupados fue el 18%, el promedio 15%. El 85% de los desocupados ni siquiera tiene seguro de paro.

Esto es una carencia del sistema de seguridad social. En Europa, por ejemplo, un desocupado desde el punto de vista laboral puede ser igual que un desocupado en Uruguay, pero allí sucede que el 70% de los desocupados tiene derecho al seguro de paro.

Tenemos después, el drama de las trabajadoras domésticas. El 66% no tiene cobertura de jubilaciones y pensiones y el 77% no tiene cobertura de salud. Estamos hablando de 61.500 mujeres en Uruguay.

El sindicalista señala que no se trata de una situación pasajera, un simple hecho coyuntural, sino de una tendencia profunda, que abarca un decenio y que presenta todas las características de un problema de carácter estructural.

Los trabajadores que son expulsados del sistema formal y pasan al informal, a lo largo de los años no consiguen trasvasarse a una situación encuadrada legalmente.

Desde el punto de vista de la marcha general del sistema, Murro señala que se sigue registrando una caída de los cotizantes y una caída de la cotización promedio en el caso de las AFAP, pero, además, se está dando una caída de cotizantes al sistema general de seguridad social. Está habiendo una caída de los montos de las prestaciones. Está habiendo cada año miles de jubilados menos».

Otra arista importante de la seguridad social, como lo son las asignaciones familiares también está en crisis, denuncia Murro: «Se dijo que la ley de extensión iba a alcanzar a 100.000 niños pero creo que después de la depuración no vamos a estar superando los 40.000. Tenemos casi 200.000 niños pobres sin asignación familiar. Esto también es producto de la informalidad, porque el sistema de seguridad social está pensado para una sociedad formal en lo familiar, en lo social y en lo laboral».

Los datos aportados por el sindicalista muestran una realidad social de una enorme gravedad, un verdadero polvorín que crece incesantemente.

En el campo del empleo se desarrolla una erosión lenta, silenciosa que va descomponiendo el tejido social y agrediendo profundamente la calidad de vida de una parte considerable del pueblo uruguayo.

Una realidad dolorosa sobre la que el país no está reflexionando suficientemente. No es el menor de los méritos de la delegación sindical estar empujando para que ese debate tome fuerza.