Plástico contaminante

El director del CIU, Jorge Solari, señaló coincidencias y discrepancias con el proyecto de ley a consideración del Parlamento que propone regular el uso de envases plásticos y dispone diversos mecanismos para su disposición final sin afectar el medioambiente.

Solari reclamó que la normativa incluya un precio significativo para promover la devolución o depósito de los envases plásticos, creando un fondo ambiental que fomente su reciclaje.

El responsable de la organización acusó al grupo económico Gencar, propietario entre otras empresas de Cristalerías del Uruguay SA, Cristalplast SA y Cristalpet SA, de ser «el principal contaminador». Aclaró, sin embargo, que esta empresa «no integra ni el Centro de Fabricantes de Bebidas ni Cempre-Uruguay, organización de la cual se retiró prontamente».

Solari sostuvo que Monresa, representante de la marca Coca-Cola, Fanta, Sprite y Crush teme que se le asocie y responsabilice de la contaminación ambiental provocada por los envases descartables de plástico, aluminio y vidrio, todos ellos componentes de la basura presente en calles, plazas, carreteras y cursos de aguas.

Destacó que «el interés de Monresa en la campaña de recolección de botellas plásticas a través de su antiguo proveedor de servicios –la familia Aszin ahora transformada en Transforeco SRL– se manifiesta también en su activa participación en Cempre-Uruguay. En ese contexto se asume un compromiso con reciclaje acordado por unas pocas empresas nacionales y extranjeras dedicadas al lobby en los gobiernos nacionales y comunales».

Gercar fabrica 200 millones de envases por año, aunque para Solari «la falta de normativa, controles y sanciones es justamente lo que permite al mencionado grupo operar con total impunidad ambiental».

Solari dijo que en nuestro país, lejos de aplicarse el principio conocido como del «contaminador-pagador», vigente en las legislaciones más avanzadas del mundo en materia ambiental y que significa que el que contamina debe pagar por ello o hacerse cargo de los desechos generados, «los proyectos de producción de envases plásticos descartables no están sujetos a estudios de impacto ambiental por parte de los poderes públicos».

«Es más, dichos emprendimientos han sido declarados de interés nacional, beneficiándose sus titulares con importantes exenciones fiscales» sentenció el director del CIU.

Solari añadió que los precios que hoy se pagan por el plástico PET para reciclado y las toneladas que se desechan diariamente, «confirman que se sigue gastando anualmente millones de dólares en recoger y enterrar material por otros tantos millones de dólares» .

Según el técnico, la campaña de recolección de botellas de plástico se plantea «metas parciales y pequeñas en cuanto a recuperación, pero carece de una propuesta educativa y cultural».

Según nuestro entrevistado, el operativo «carece de la transparencia necesaria como para ser considerada una iniciativa que resuelva mínimamente el problema ambiental que generan los envases descartables de plástico».

Jorge Solari concluyó que debería existir «una adecuada normativa nacional que incluya un precio significativo de devolución o depósito a los envases, que permita a su vez crear un fondo ambiental con el que se fomente su reciclaje y el empleo».