Lentitud de investigación sobre Iname preocupa a diputados

Los hechos referidos involucran directamente al jefe departamental del Instituto Nacional del Menor, Joaquín de Almeida, según lo determinó una Comisión Especial de la Junta Departamental maragata, designada para indagar las situaciones acaecidas y denunciadas públicamente en la Asociación Civil Paidia (que engloba los convenios con los centros «Sol y Luna», «Cecale» y Sendero») y en el Centro Caif de Delta del Tigre. La síntesis del informe que la Junta Departamental de San José consideró pertinente informar a la Justicia penal, al Iname, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Secretaría del Plan CAIF consigna que «pudo haber existido una intromisión permanente de parte del jefe departamental, señor Joaquín De Almeida, en determinadas funciones excluyentes de la competencia estatutaria de la Asociación Civil Paidia». Entre ellas, el documento del legislativo maragato destacaba: «Nombramiento de funcionarios; la asignación de sus salarios; llevar los libros de actas y contables de dicha Asociación Civil con personas de su confianza –ajenas a la misma–, sin que sus directivos los tuvieran en su poder y fueran procesados por el tesorero de la Asociación; manejo de los fondos de Paidia y dirigir y ordenar las acciones de la misma». Otra acusación que pesa contra De Almeida incluye el «manejo de los fondos de la Asociación Civil a través de su hija, impidiendo la revisión de los mismos por parte de la Comisión Fiscal», según consta en el informe de la Junta.

A la vez, la Junta subrayaba que de las acusaciones recibidas en el seno de la Comisión investigadora, surgía que «podrían configurarse otras irregularidades», de las que sería responsable Marianela Diana, (directora del centro Cecale que tiene convenio con el Iname). Esta funcionaria fue acusada por diversos testigos cuyos testimonios, que constan en las actas de la Junta Departamental y que investiga la Justicia, la responsabilizaron por «retención de parte de las becas de los adolescentes» que concurren al centro mencionado y, además, de «retiro de víveres, y materiales» que eran llevados de un centro a otro. Diana habría «reconocido ante la Comisión Fiscal» este extremo, explicita también el documento citado.

 

Investigar «sin presiones»

Meses después de que la situación trascendiera a la opinión pública, y luego de registradas amenazas, difamaciones y agresiones de por medio a denunciantes y periodistas, los diputados Heber Sellanes y Jorge Orrico exigen saber: qué medidas ha tomado el Iname; si se ha realizado algún tipo de investigación y, en caso afirmativo, a qué conclusiones arribaron; además se pregunta qué acciones se piensa emprender.

Un aspecto que llama la atención, según expresaron a LA REPUBLICA ediles departamentales que responden a diferentes sectores, es «por qué a Joaquín De Almeida (director departamental del Iname en San José) no se lo separó del cargo mientras era investigado y en caso de que el Directorio no lo considerara pertinente, por qué voluntariamente no se hizo a un costado y permitió investigar sin presiones». Ante esto el presidente del Iname, Julio César Saettone explicó a LA REPUBLICA que a De Almeida no se lo separó de su cargo porque se está ante una investigación administrativa y no hay, por ahora, instruido un sumario».

El diputado Sellanes también solicita conocer cuáles son los procedimientos que se emplean para decidir los convenios entre las Asociaciones Civiles y el Iname; cuál es el organismo encargado de las adjudicaciones y qué criterios se tienen en cuenta para concretarlas; quién controla la contratación de los equipos técnicos y evalúa la idoneidad de los mismos; y cómo se supervisan y controlan los mismos.

Además, se pide información sobre, «si hay estudios que determinen la cantidad de niños atendidos» a nivel nacional y en San José en particular: «Cuánto dinero se destina a cada Centro Caif por parte del Iname u otras instituciones»; de esos recursos, «cuál es el porcentaje destinado a la estructura administrativa y cuál es el monto que se destina en beneficio directo de los niños»; quién se encarga en el departamento maragato de realizar los controles financieros y contables y de revisar los gastos de cada Caif. El legislador pregunta además si se controla que lo gastado en alimentación sea en calidad y cantidad lo realmente percibido por los niños y si hay un seguimiento de los salarios de los funcionarios del Caif –técnicos o de servicio– y si se realizan los aportes correspondientes al BPS».

Sobre las becas de estudio –cuya existencia fue confirmada por el presidente del organismo, Julio Saettone–, se interroga sobre «cuáles son los criterios y quién es el encargado de realizar las adjudicaciones de las mismas»

El Iname está llevando a cabo investigación de la que aún no se conocen resultados mientras en el plano penal las denuncias están en etapa de presumario y, por tanto, no puede aún develarse el curso de las investigaciones.

Sobre los descargos presentados por el jefe departamental de San José ante la denuncia presentada en su contra el 23 de agosto del pasado año por la ex presidenta de Paidia –que LA REPUBLICA tiene en su poder y que por mencionar relaciones «íntimas» entre algunos de los funcionarios de Paidia optamos por no publicar–, consultado el director Saettone respondió que «hay una investigación en curso, una auditoría técnica por mal manejo de fondos y controles» y dijo que hay «contrasentidos en la información que estamos manejando».