Situación explosiva

A poco más de un mes de inaugurado el mayor complejo habitacional que el Ministerio de Vivienda (Mvotma) creó hasta el momento, comenzaron a registrarse problemas de convivencia social.

Tras la instalación de la nueva población, se produjo una «ola» de robos entre los propios vecinos. Además, debido al aumento de la demanda, hubo serias dificultades para la atención médica y la cobertura educativa.

Algunos de los residentes del complejo habitacional informaron que debido a los reiterados hurtos, debieron organizarse y solicitar al Ministerio del Interior un mayor patrullaje la zona.

A la semana de la entrega de las viviendas, vidrios del salón comunal y la pileta del baño aparecieron destrozados.

Además, la policlínica de Salud Pública de Piedras Blancas se vio desbordada en sus posibilidades de atender a los nuevos vecinos del barrios.

Otro inconveniente que seguramente se notará a partir del próximo lunes, es la falta de cupos para las escuelas y liceos de la zona. Las familias procedentes de Ciudad Vieja, Hipódromo de Maroñas y las inmediaciones del Mercado Modelo, se encontraron que sus hijos al no poder ingresar en los centros de estudio de Piedras Blancas, deberán este año asistir a escuelas y liceos distantes de sus casas.

Por otra parte, el trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales con la población del complejo habitacional, en algunos casos, todavía no comenzó, debido a que no se firmó el acuerdo con las autoridades.

Este inconveniente enlentece la adaptación y la resolución de los problemas que padecen centenares de pobladores del barrio.

La edila encuentrista, Berta Sanseverino, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental, señaló que se trasladó a centenares de familias con realidades diferentes a una zona de la periferia, sin previamente implementar proyectos que permitan una adeuada inserción y adaptación.

«Estos pobladores provienen de barrios diferentes y algunos de ellos llegan con historias de vida difícil, generándose un hacinamiento de nucleos básicos evolutivos», afirmó la curul.

Se refirió al artículo 37 de la Ley de Seguridad Ciudadana a nivel departamental, que procura la prevención social y evitar la reproducción de la violencia, trasladando una población conflictiva hacia otros lugares.

Sanseverino consideró que las masivas migraciones poblacionales deberían ir acompañadas de una política de prevención, para evitar nuevos focos de inseguridad ciudadana.

Al respecto, manifestó su deseo de que el Complejo «Teniente Rinaldi» no se convierta en la histórica inserción poblacional de los años 70 en Cerro Norte.

Por su parte, el director Nacional de Vivienda, Bernardino Ayala, aclaró que en el caso de las viviendas de Piedras Blancas fue un problema de emergencia habitacional, donde se priorizó la atención a familias con numerosos hijos y discapacitados que habitaban en refugios y pensiones.

Reconoció que se hace difícil el traslado de personas de estratos sociales bajos, no descartando que entre ellos haya algún malviviente.

«Para evitar esto no deberíamos construir para los pobres, lo que no haremos», aclaró el jerarca. El director Nacional de Vivienda explicó que al momento de la adjudicación de una vivienda, el Ministerio no evalúa la conducta de la persona ni se lo prontuariza, «ya que no somos la gestapo ni estamos en dictadura».

Respecto a la profilaxis de la comunidad, Ayala consideró que debe hacerla la propia comunidad, con la ayuda de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en los complejos habitacionales.