BSE paga U$S 38 millones por accidentes de trabajo

El tema fue puesto en debate por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, en el marco de unas jornadas destinadas a difundir la situación en que se encuentra nuestro país, en lo que atañe a la gestión, cobertura y prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Según datos extraoficiales del PIT- CNT, en 1997 hubo 68 víctimas fatales por accidentes de trabajo, en 1998 la cifra alcanzó a 73, en 1999 los muertos fueron 60 y en 2000 el número de fallecimientos alcanzó a 61 personas. En lo que va de 2001, perdieron la vida cinco trabajadores de la construcción.

Por su parte, el Banco de Seguros paga U$S 30 millones anuales por 23.000 rentas y U$S 8 millones por jornales no trabajados.

Para algunos expertos, la desocupación es uno de los principales problemas de salud laboral. Varios expositores fueron coincidentes en reclamar que el Estado ratifique los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sobre políticas de Estado en la materia y prevención de la salud laboral.

El debate, que reunió a expertos uruguayos y extranjeros en la Sala Roja de la Intendencia Municipal de Montevideo, dejó entrever la oposición de varios sectores a las propuestas del gobierno de modificar la Ley de Accidentes de Trabajo y la gestión del Banco de Seguros, reduciendo al mismo tiempo los aportes que realizan las empresas en materia de seguro. Ello derivaría, a juicio del sindicato y otros expertos en la materia, en una sensible reducción de la atención y la cobertura a los trabajadores accidentados, aseguró a LA REPUBLICA el presidente de la Asociación de Bancarios del Uruguay, Eduardo Hernández.

El dirigente sostuvo que el sindicato plantea una discusión «que no esté remitida al tema costos. En este tema, si se hace una prevención adecuada, los costos de las empresas van a bajar y también los del propio seguro. Lo que hay que lograr es un discusión a fondo de la temática».

El sindicalista reclamó una inspección «más profunda» del Ministerio de Trabajo de las condiciones en que desarrollan sus actividades los trabajadores de la construcción y los rurales, especialmente el sector forestal. Consideró, asimimo, que el BSE tiene que afinar más sus trabajos de prevención.

Por su parte, Fernando Tomasina, profesor adjunto de salud ocupacional y asesor de la Facultad de Medicina, planteó la necesidad de recrear un nuevo modelo de atención en la salud del trabajador, integrando las acciones de prevención y promoción en las condiciones de trabajo, para lograr una mejora en la salud del trabajador del país. A su entender, el tema hoy está disociado, existiendo una atención de la salud de un individuo ajeno a su condición de trabajador y otra dirigida y pensada para las enfermedades o accidentes de trabajo. «Necesariamente, hay que integrarlas porque el individuo, es uno solo», sostuvo.

Tomasina opinó que ello se logra también con acciones que promuevan la creación de servicios de salud en el trabajo mismo integrado al modelo asistencial, donde participen el trabajador y profesionales del área.

Consultado sobre si existe un proyecto concreto para lograr esta fusión, el profesional recordó que está pendiente la reglamentación del convenio 161 de la OIT, «algo en lo que tanto trabajadores como la propia Universidad han trabajado, que habla de la necesidad de la existencia de servicios de salud en el trabajo».

Recordó que dicho convenio no ha sido reglamentado y «está a estudio de una comisión intergubernamental. Por lo tanto, no tiene forma de aplicarse».

Para Tomasina, la desocupación es el principal problema de salud laboral que tiene hoy el país. También lo son las condiciones precarias en que se emplea al personal, exponiéndolo a una serie prolongadas de jornadas y a diferentes contaminantes propios de procesos de trabajo, que hacen que la salud de un grupo determinado no sea la mejor».

«Hay dos temas básicos, el desempleo y la precarización de muchos puestos de trabajo que caen en la falta de control», agregó.

 

«Situación oprobiosa»

Para el médico argentino Carlos Aníbal Rodríguez, especialista en salud ocupacional, consultor de la OIT y ex Director Nacional del Trabajo de Argentina, la situación en la región es «oprobiosa».

Recordó, en tal sentido, que mueren en Latinoamérica 30 mil trabajadores víctimas de accidentes de trabajo.

A su juicio, uno de los problemas más serios que afronta la región es el crecimiento del sector informal de la economía, que va de la mano con pésimas condiciones de trabajo. «A esto se suma la desocupación y la exclusión de ciertos grupos sociales, lo que conforma una realidad en el mundo del trabajo que se traslada luego a la salud».

Consultado por LA REPUBLICA, Carlos Aníbal Rodríguez enfatizó que «quien quiera mejorar la salud y seguridad en el trabajo, lo primero que tiene que hacer es mejorar la calidad del empleo».

«Si usted tiene empleos parciales a tiempos breves, tercerizados, en negro, trabajo clandestino, no mejora la salud y la seguridad de los trabajadores», alertó.

Con respecto al sector formal, para el experto «la historia es otra. La primera medida es generar políticas nacionales. El Estado debe determinar cúal es el grado de importancia que le asigna a la salud de los trabajadores y que luego dispone de recursos suficientes para abastecer ese discurso».

Rodríguez consideró que es prioritario que se coordinen los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, de Salud y Educación, al tiempo que resulta indispensable la reglamentación de dos convenios de la OIT: el 155 sobre políticas en la materia y el 161 sobre prevención dentro de las empresas.

El especialista argentino enfatizó, haciendo referencia al seguro de accidentes de trabajo, que «es falsa la discusión entre lo público y lo privado», añadiendo que «se requiere un sistema que sea eficiente y no tiene por qué ser menos eficiente por ser del Estado».

A juicio del especialista, es necesario que el seguro estatal, que ha demostrado a través de la historia ser un servicio de calidad, debe actualizarse.

Rodríguez reclamó, al igual que AEBU, el análisis de costos reales sobre el seguro. «Los dos sectores con mayor siniestralidad, que son la construcción y rurales, no están pagando a los empleadores del sector lo que realmente correspondería de acuerdo al riesgo y daño que genera. Por otra parte, los empresarios deberían ver que lo que pagan por los accidentes no es sólo lo que le están pagando al seguro. Hay una cantidad de costos indirectos que lo hacen multiplicar por seis o siete, habitualmente no registrados por los balances contables sobre los cuales ellos podrían incidir para mejorar su competividad».

 

Intereses contradictorios

Por su parte, el técnico prevensionista Walter Migliónico, coordinador de la Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT y consultor de la OIT en formación en salud laboral, criticó al Estado por acelerar en el último decenio la apertura comercial sin contrapartida para los sectores expuestos. Esto es apoyo científico, tecnológico, crédito de reconversión y garantías sociales para la reconversión laboral.

Con ello, agregó, se produjo un «ajuste» de las estructura productivas nacionales que está en la base de la precarización del trabajo actual y de la «incapacidad productiva nacional».

«La salud laboral es el resultado sobre el estado de salud de los individuos, de sus condiciones globales de trabajo y en definitiva lo que acabamos de mencionar la transforman en un conflicto de intereses», dijo Migliónico durante su exposición.

«Mientras que para quien se apropia del resultado del
trabajo, lo esencial es el ahorro de los costos del trabajo para que se acreciente el valor del resultado, para quien alquila su fuerza física e intelectual, lo esencial es conservar ese estado de salud, su único capital».

Migliónico alertó que en lo que va del año 2001 han muerto cinco trabajadores de la construcción con la particularidad de que de ellos, cuatro son del sector informal, dato que refleja la precarización del trabajo del que se habló durante toda la jornada.