La construcción dejó de invertir U$S 310 millones en este año

Un panorama sombrío enfrentan actualmente los promotores privados de la construcción que ante la situación de crisis económica y una desmedida exigencia fiscal –según aducen– motivó que en el año en curso, no comenzarán obras nuevas ni existen perpectivas alentadoras para que ello ocurra.

La gremial de empresarios sostuvo que entre mayo de 1998 y mayo de 2000, se perdieron entre empleos directos e indirectos, 29.000 puestos de trabajo. Afirman que todas las obras en curso de los promotores privados se terminarán, pero al no comenzar otras, se acrecentará el desempleo y el envío de personal al seguro de paro que deberá pagar el Banco de Previsión Social.

El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Samuel Tieger, manifestó que la industria de la construcción perdió en este último año 10.000 obreros directos y 8.000 trabajadores relacionados indirectamente con las obras quienes fueron al seguro de paro o pasaron a otros sectores, y bajó considerablemente el monto de inversión en U$S 310 millones.

Estos agentes privados aducen que el gobierno no les permite bajar los precios de los inmuebles porque es el sector industrial que más paga al BPS, con un aporte global del 92%, mientras que en el resto de las industrias, la tasa de aportes llega a un 64,98%.

Reclamaron el no cobro del 4,8% del impuesto por un concepto de estampillado asegurando que desde hace 30 años dicho tributo está derogado, pero el BPS sigue cobrando indebidamente, en base a una norma inaplicable, afirmaron los representantes de los promotores privados.

Un tercer punto de discrepancia y que conspira contra la industria de la construcción, según proclaman los denunciantes, es el impuesto del 6% de los salarios de los profesionales universitarios vinculados a la caja paraestatal, además del tributo que cada uno abona por su calidad de egresado de la alta casa de estudio.

Los agentes de la construcción exhortaron al gobierno a la eliminación del literal F de la Ley 12.997 de 1961, que prevé el recurso cuestionado y de esa manera que «la buena salud de la Caja Profesional Universitaria no se obtenga al precio de un tratamiento injusto y discriminatorio contra la construcción privada».

Afirmaron que el impuesto que persiste (4,8%), lo mantienen por razones de «caja», mientras que el aporte a la Caja de Profesionales Universitarios es mantenido porque no se quiere enfrentar el fuerte lobby de la citada gremial», afirmó Tieger.

Argumentó a favor de esta industria, que la construcción presenta una serie de características de generación de empleo que debería hacerla prioritaria. Enumeró como positivo un rápido impacto sobre la mano de obra, utilización de empleados poco calificados, «fundamental en momentos de gran desocupación y la posibilidad de distribuir el esfuerzo inversor en diferentes zonas del país.

Tieger opinó que «si trabaja la construcción, vende más boleto el transporte, se incrementa la venta del almacén cercano, sin perjuicio de la mejora de todos los insumos que se necesitan alrededor de una obra».

Arremetió asimismo contra el artículo 2 del proyecto de Ley de Urgente Consideración al considerar que «no contempla en absoluto nuestras necesidades, no fomenta el inicio de nuevas obras ni centra el tema donde debe hacerse.»

Acotó que la iniciativa gubernamental contempla a las obras nuevas en perjuicio de las en curso, cuyos apartamentos no se vendieron, generándose una competencia marcadamente desleal.

Por tal motivo –estableció– que los promotores no comienzan nuevas obras, embuidos de un desaliento y falta de comprensión. Sentenció que la pasividad gubernamental desalienta la inversión y la creación de empleos, perdiéndose el efecto multiplicador. Cuestionó la falta de incentivos para la construcción de viviendas, «con el agravante además de que el Estado no puede satisfacer la demanda creciente en la materia» dijo Tieger.