Gobierno triplicó aportes al BPS luego de la reforma

Tras la presentación a cargo del diputado José Luis Blasina, el inicio de las jornadas de evaluación del sistema de seguridad social vigente, a partir de la implantación de la Ley 16.713 estuvo a cargo del director del BPS, Armando Quisique, quien derivó el análisis a los técnicos en la materia.

El informe fue presentado con una sucesión de gráficos, estadísticas y números, a través de los cuales se proyectó lo que sucederá en los próximos 20, 30 y 40 años.

La visión optimista de los técnicos reflejó ventajas significativas para los beneficiarios del nuevo sistema mixto. La extensa exposición «resultó engorrosa y poco comprensible», de acuerdo a lo manifestado por gran parte de la concurrencia.

Las proyecciones para el año 2040, de acuerdo a ciertas variables y separando la participación del hombre y la mujer, mostraron una alentadora situación. No obstante, los siguientes expositores, los directores sociales Luis Colotuzzo y Ernesto Murro, sin dejar de valorar el trabajo de los expertos, dieron una visión diferente en base a «la realidad».

Murro, representante de los trabajadores, señaló que hay una gran diferencia entre las evaluaciones y la realidad del país, indicando que la proyección se hizo en base a supuestos y no a cifras y valores reales.

Explicó que los optimistas guarismos resultaban de una hipótesis en que los trabajadores no falten a trabajar durante toda su carrera, que las empresas no evadan aportes y que las mujeres no tengan hijos.

Las estadísticas consideraban los casos en que se trabajaba durante 40 y hasta 48 años, pero, según Murro, no contemplaban los casos en que no alcanzaba los 35 años de labor.

Por su parte, el representante de los jubilados y pensionistas, Luis Alberto Colotuzzo, hizo una breve reseña histórica del surgimiento de la ley, que, a su juicio, respondió a la inquietud de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y tomó como ejemplo el modelo chileno.

Recordó que en Chile Pinochet decidió dejar a los militares fuera de la reforma, para no exponerlos a los vaivenes de los movimientos financieros. Explicó que en el país trasandino se recaudaron U$S 35 mil millones de aportes, pero que el Estado tuvo que pagar más de U$S 45 mil millones para hacer enjugar el déficit del sistema.

Colotuzzo sostuvo que la creación de las AFAPs no eran lo único negativo de la legislación. Explicó que para las futuras generaciones va a ser más difícil jubilarse, indicando que el BPS ha sufrido en los últimos años un deterioro en los números y en los hechos.

Además, Colotuzzo cuestionó la rebaja y exención en los aportes que el gobierno autorizó a diferentes empresas para permitirles su competitividad en el mercado nacional e internacional.

Hoy la ley que exige más de 35 años de trabajo, otorgará jubilaciones con un promedio del 50% de lo aportado en los últimos 10 años de trabajo y una gran disminución en las pensiones a los cónyuges.

Bajaron los traspasos

En el marco de la segunda jornada disertó en representación del Banco Central del Uruguay, el contador Carlos Parmiggiani, quien explicó los pasos que debió dar el organismo para ejercer un correcto control del funcionamiento del nuevo sistema.

Explicó que los informes del 31 de octubre denotan que el sistema de capitalización individual a través de las AFAPs tiene fondos equivalentes a U$S 9.600 millones y un caudal de afiliados de 565 mil trabajadores. Asimismo aclaró que la administradora que tiene la mayor cartera de clientes es República AFAP, quien cuenta con el 38% de los trabajadores afiliados y el 55% de los fondos manejados por el sector privado.

Parmiggiani manifestó que los aportes vertidos a los fondos de capitalización individual desde el inicio del sistema, «pagaron comisiones superiores en U$S 900 millones a los montos debitados por el BPS».

El representante del Banco Central dijo que los traspasos de afiliados entre administradores bajaron un 88%, desde que las AFAPs acordaron terminar con las transferencias.

Por su parte, la economista Dolores Benavente, vicepresidenta de República AFAP y representante de la Cámara que nuclea las administradoras evaluó muy positivamente «los logros obtenidos por el sistema». Dijo que continúa siendo necesaria una aceleración de las modificaciones normativas que liberen la posibilidad de inversión para mejorar las ganancias. «El mundo va mucho más rápido de lo que parece y si estas normas no salen rápido, perdemos el tren», expresó.

Benavente destacó algunas puntos que a su entender deberían modificarse en el corto plazo, marcando como una meta la inclusión de representantes de los afiliados en las administradoras, habilitar la posibilidad de un retiro anticipado cuando el afiliado hubiera aportado por 35 años pero no cumpliera el requisito de la edad. También marcó la importancia de abrir una instancia para que las personas que fueron afiliadas «equivocadamente» puedan abandonar el sistema.

Los países ricos no se equivocan

Los representantes de organizaciones de pasivos, Jesús Píriz, Ruben Henaise y Elías Yafalián, quienes disertaron en representación de las tres asociaciones que los nuclean, coincidieron en remarcar la «situación deficitaria en la que está quedando el BPS después de esta reforma». Manifestaron que uno de los argumentos manejados por los reformistas para la aprobación del nuevo sistema fue que de esta forma se lograría paliar el déficit del BPS.

Expresaron que «las cifras muestran todo lo contrario, ya que, desde la vigencia de la Ley 16.713 debió triplicarse la asistencia financiera al organismo previsional». Los pasivos marcaron además la necesidad «imperiosa» de liberar los topes máximos y mínimos establecidos en el sistema, para permitir la «tan mentada equidad».

Elvira Domínguez, disertante por la intergremial de pequeños y medianos empresarios, cooperativas y sector agropecuario, hizo hincapié en la «carencia de información que experimenta ese sector empsarial». Sostuvo que siendo que este sector representa al 97,5% de los empresarios y maneja capitales equivalentes a la tercera parte del Producto Bruto Interno, debería poseer mayor información.

Los representantes de la cajas paraestatales dejaron en claro su posición «totalmente contraria» a ser incluidos en el nuevo sistema. Julio Vidal Amodeo, representante de la caja que nuclea a los profesionales universitarios, señaló que la experiencia histórica no avala este sistema, agregando que en países desarrollados este tipo de seguridad social no ha tenido andamiaje y que «los países ricos no se equivocan».