Odontólogos reclaman investigación en el MSP

Más de mil odontólogos que asisten a 18.000 funcionarios en actividad de Salud Pública solicitaron a las autoridades «mantener el régimen actual, con libre ingreso al padrón de prestadores», oponiéndose así al llamado a licitación que planea el MSP como forma de contrarrestar las irregularidades constatadas con la facturación de trabajos en el servicio de Asistencia Integral.

A pesar de entender que la licitación no resolverá el problema, la gremial de odontólogos señaló la necesidad de «establecer un control adecuado del gasto».

La Revista Ondontológica del Uruguay denunció en 1999 como irregularidades la facturación concentrada en un grupo de odontólogos. La ley 13.223 establece que los funcionarios del MSP y sus familiares, tienen derecho a la asistencia integral de salud en forma gratuita y los gastos que se orginen serán a cargo del Estado. Los usuarios eligen a los odontólogos prestadores de una nómina de profesionales inscriptos, en un padrón abierto del ministerio. La cartera de Salud, luego de diferentes controles, registra las facturas mensualmente en un planillado de gastos a 60 días, siendo éste el plazo legal para que el Estado realice los pagos.

El gasto realizado por toda asistencia integral durante 1999, que incluye medicamentos, odontología, oftalmología, estudios y psicoterapia, ascendió a U$S 13 millones.

Si 80 mil funcionarios y familiares son beneficiarios de la Asistencia Integral, se desprende que se gastan U$S 15 mensuales por usuario, al tiempo que en cada uno de los 18.000 funcionarios en actividad se invierten U$S 70 mensuales.

La Asociación Odontológica del Uruguay denunció que «todavía no se han pago las prestaciones facturadas en el año 1998; se deben las facturas de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999 y aún no se ha terminado de pagar el primer trimestre de 2000″.

Preguntas

Ante la licitación que programa llamar el Ministerio de Salud Pública, la Asociación consideró que «la administración cuenta con los organismos y mecanismos para mejorar la gestión del sistema». Los odontólogos cuestionaron ese mecanismo «por qué no se realiza una racionalización del gasto con el proyecto de control propuesto por la Comisión Honoraria de Asistencia Integral, que permitiría la reducción del gasto y la regularización de los pagos». Al mismo tiempo se preguntan «a quién beneficia que no se investigue si existen irregularidades y se determine responsabilidades».

Más adelante la resolución de la Asociación interroga sobre «¿a quién beneficia un cambio en el régimen de atención personalizada brindada por profesionales universitarios en el marco del ejercicio libre de la profesión, por un servicio otorgado a empresas, cooperativas y otras instituciones?».

Además, el gremio sostiene que «el hecho que aparezcan irregularidades en los sistemas no nos puede llevar a la conclusión errónea de cuestionar todo el sistema, sino que por el contrario es necesario prevenir, detectar, investigar y eliminar dichas irregularidades, para fortalecerlo en su fines y procedimientos».

La Asociación de Odontólogos reclama asimismo que se tomen severas medidas contra los responsables de maniobras ilícitas.