Funcionario de UTE procesado por coima

Fuentes del ente energético confirmaron a LA REPUBLICA que en total este año suman cuatro los funcionarios de la empresa procesados por delitos contra la Administración, a los cuales se les diligencia un sumario que seguramente terminará con la destitución de los mismos.

Por otra parte, el año pasado el organismo estatal rescindió el contrato a una de las dos empresas encargada de conectar y rehabilitar el servicio, Transamérica, tras comprobarse serias irregularidades en su funcionamiento y ante el procesamiento de dos de sus empleados precisamente por intento de coimas.

UTE inició también, el año pasado, una intensa campaña para reducir las irregularidades en los medidores y combatir el hurto de energía eléctrica, en la cual invirtió alrededor de 650 mil dólares, que consistió en instar a los clientes a denunciar los hechos y solicitar una inspección del contador para verificar su correcto funcionamiento. Las autoridades estimaron en su momento que las pérdidas de la empresa por estos conceptos ascendía a 30 millones de dólares.

Centenares de personas solicitaron dicha inspección por lo cual los casos de irregularidades han disminuido drásticamente. El presidente del organismo, Ricardo Scaglia, sostuvo el año pasado que el ente había logrado recuperar más de 6 millones de dólares por concepto de normalización de estas situaciones irregulares, tras la campaña y las inspecciones sorpresivas.

En esa instancia Scaglia recordó a los usuarios que el operador de UTE debe estar debidamente identificado con su carné, no debe cobrar ningún tipo de servicio a nombre de UTE y ante cualquier sospecha debe consultarse al teléfono 1930.

Aún permanecen en distintos juzgados, a la espera de una resolución, más de mil expedientes presentados por la División Jurídica de UTE con denuncias sobre presunto robo de energía. Por este motivo, fueron procesados el año pasado alrededor de ocho clientes, tanto residenciales como medianos consumidores.

Propina considerable

El funcionario de UTE apresado esta semana, que se desempañaba como inspector técnico, intentó cobrarle al dueño de un taller «una propina» por la habilitación del servicio, que superaba los 500 dólares. El comerciante averiguó en la empresa donde se le confirmó que ningún funcionario del ente estaba autorizado a recibir dinero ni a cobrar por ningún tipo de servicio o concepto. La misma empresa realizó la denuncia ante la Jefatura de Montevideo cuyos funcionarios tendieron una trampa al empleado comprobándose que recibió del comerciante un sobre con 500 dólares de «propina».

El funcionario fue procesado por la Justicia y deberá afrontar ahora el sumario administrativo que podrá determinar su destitución.