Los trabajadores litigantes pierden derechos de casación

El abogado laboralista y ex senador Helios Sarthou alertó sobre dos artículos incluidos en las leyes de urgencia pactadas por la coalición blanquicolorada, que afectan a los juicios laborales que entablan los trabajadores.

En dialogo con LA REPUBLICA, el jurista se refirió a los juicios laborales, las demoras en los procesos y a las audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, denunciando, además, que se están comprando créditos laborales.

Artículos de contrabando

En referencia a la segunda ley de urgencia actualmente a consideración del Parlamento, Sarthou dijo que «en el artículo 14, en forma subrepticia, cuando las empresas están en concordato o en quiebra, sacan el juicio de lo laboral y el reclamo tiene que hacerse en los tribunales de concurso y quiebras que se crean. Eso no se ha dicho, se saca de la sede laboral y se lleva al de quiebra. Eso quiere decir que no cobra nadie, porque en esta país con una quiebra no cobra nadie. Lo dice con mucha habilidad, no directamente, está hecho con trampa ese artículo».

En torno al artículo 38 de la primera ley de urgencia, que ya está vigente, el laboralista precisó que «le quita a los pobres y los trabajadores el derecho de acceder a la Suprema Corte de Justicia, ya que virtualmente elimina el recurso de casación».

Explicó que la norma exige que sea un reclamo de 67 mil dólares, o sea 4.000 unidades reajustables. Con los salarios que tiene la gente, quién tiene un juicio por ese monto. Sólo podrán acceder los litigantes ricos».

Precisó que otra consecuencia en estas hipótesis jurídicas es «que no se unifica la jurisprudencia, lo que es muy grave, porque un tribunal puede sostener una cosa y otro tribunal otra. En uno se puede ganar y en otro perder, porque eso no se unifica en la Suprema Corte de Justicia como órgano superior, no hay certeza del Derecho al haber fallos distintos».

Cabe consignar, a título aclaratorio, que los reclamos laborales se presentan siempre, en primera instancia, ante un juzgado. En caso de un fallo adverso se recurre al Tribunal de Apelaciones. El recurso de casación sería la tercera instancia, ante la Suprema Corte de Justicia.

«Esos son dos artículos metidos de contrabando en las dos leyes de urgencia, aparentemente no se saben y ni se comentan. Pero son cosas que mete la Cámara de Industrias y otros, que tienen a sus abogados».

Jueces y derecho laboral

En torno a los problemas que suelen presentarse en los procesos laborales, explicó: «En el país hay jueces especiales de laboral pero no están necesariamente especializados porque son rotativos. O sea que un juez que está en la aduana viene hoy a trabajar en juicios laborales. Por la formación que tiene como abogado, de alguna manera, domina todo, pero dominar una especialidad es diferente».

Explicó que esta situación se suma al hecho de «que se abandonó el procedimiento propio del derecho laboral. El derecho laboral siempre ha tenido tres o cuatro principios que son fundamentales. Uno es el derecho protector, que establece que, ante dos normas, se aplica siempre la más favorable. Ese es el llamado principio protector».

También se refirió al llamado principio de irrenunciabilidad, por el que el trabajador no puede renunciar a sus derechos.

Sarthou precisó que el principio de realidad se nutre de los datos de la realidad y no de los documentos. «Esos principios no están. Los había formado la jurisprudencia con un principio propio y en algún modo se mantienen, pero el principio protector quedó desmentido porque dice el artículo 4 del Código del Proceso que el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes ante el proceso, entonces por esto prácticamente se elimina la vía de un derecho protector para la parte más débil».

Laberintos judiciales

Se refirió luego a la excesiva duración de los juicios, afirmando que a consecuencia de ello, los trabajadores están transando por valores de entre un 30% y un 40% del reclamo.

«Yo defendí la conciliación administrativa que se hace en el Ministerio de Trabajo, para que siguiera existiendo, porque con un abogado que conoce el tema se concilia mucho más que lo que se hacía en la Justicia laboral».

No obstante, consideró que «el defecto de la audiencia de conciliación administrativa es que no se documentan las cosas que dice y reconoce el patrono. Citó el ejemplo del despido de un trabajador que no llega a un acuerdo con su empleador. Al no quedar constancia documental de lo declarado en la conciliación, luego puede haber un cambio de testimonio durante el juicio.

«No es culpa de los abogados, es culpa del sistema que tendría que establecer si se dice una cosa ante un funcionario público debiera documentarse.

En lo atinente a la instancia de prueba, el ex senador estimó que son cada día más complejas, por el temor a declarar y por la ausencia de sindicatos fuertes que respalden a sus afiliados.

Citó el ejemplo concreto del personal de servicio doméstico, donde es casi imposible acceder a la prueba. Otro tanto sucede con los trabajadores del Interior, por el gran peso de las empresas.

Helios Sarthou criticó la excesiva duración de los juicios laborales, que normalmente insumen dos, tres y hasta cinco años. También advirtió la incertidumbre con respecto al cobro, denunciando que los créditos laborales no tienen prioridad frente la hipoteca y la prenda. «Entonces, generalmente, las empresas cuando entran a andar mal, prendan las máquinas e hipotecan los edificios y contra eso los trabajadores no pueden».

Advirtió sobre otras contratiempos que obstaculizan los reclamos, manifestando que se suelen «hacer nuevas sociedades y se pasan todos los bienes. Debiera haber una norma que estableciera que las mismas personas no pueden abrir un comercio si han dejado una estela de deudas con los trabajadores».

Juicios de 90 días

En opinión del especialista, «un juicio laboral se podría liquidar en el país en 90 días. Para ello, hay que poner más jueces y más funcionarios. Hay un proporción que se puede hacer: a medida que aumentan los juicios aumentan los juzgados».

Ahora se piensa modificar los juzgados civiles que tienen menos asuntos y transformarlos en juzgados de familia o laborales. Porque también en una sociedad en crisis aumentan los casos en los juzgados de familia. Pero este es un problema presupuestal en definitiva».

Propuso que los juicios se desarrollen ante un órgano colegiado, para contar con mayores garantías y que insuman no más de noventa días.

«Hay que aumentar todo el andamiaje y eso choca con las restricciones que el neoliberalismo plantea. Es nada más que eso, no hay trabas, disponiendo de jueces y funcionarios, pagándoles bien.

Todo termina en un problema presupuestal. Si no pasa, es porque a las grandes gremiales patronales no les interesa que se aceleren los pleitos. Porque si no se aceleran, son ejemplarizantes; si se aceleran, todo el mundo reclamaría los derechos».

Compran créditos laborales

Sarthou estimó: «La abundancia de casos por la situación social requeriría multiplicar los servicios del Ministerio de Trabajo.

Se me ha denunciado, yo no tengo la prueba, de que hay quienes están comprando los créditos de los trabajadores. Eso es grave y debería corregirse».

Denunció que esta situación deriva en «una suerte de comercio infame con los créditos laborales, de pagar poco y luego cobrar mucho. Habría que analizarlo bien e impedir que suceda.

Yo no lo puedo probar, pero tengo información de que se están comprando créditos laborales y personas que se hacen representar lo compran por poco y lo transan por más».

En referencia a
las empresas unipersonales, el especialista afirmó que «a las personas que las pusieron en una unipersonal les asiste el derecho ante la Caja de demostrar que no es una unipersonal, porque no tenía clientela, porque trabajaba igual que como lo venía haciendo antes».

Helios Sarthou dijo que «hay que alertar a la gente» por esta situaciones. No obstante, admitió que no es fácil plantear esta alternativa si se está intentando conservar el empleo.

«Puede reclamar después que se va o lo despiden. Durante todo ese tiempo no cobra sus derechos laborales, ni aguinaldos ni licencias. Luego, el juicio se transforma en un proceso de larga duración».