No al "chicaneo judicial"

En una la conferencia de prensa en la cual se anunció la ratificación por parte de Uruguay del «Protocolo de Kioto» sobre cambio climático, Gorosito solicitó a los ocupantes de las 16 viviendas ubicadas sobre la playa sur de Cabo Polonio –las que por disposición ministerial serían derrumbadas a fin de preservar el medio ambiente– que desistan de poner en el camino obstáculos legales que demoren en el tiempo la determinación de erradicar estas construcciones.

El pasado jueves, la jueza Silvana Gianero anunció que desestimará los recursos de amparo presentados por los ocupantes de viviendas en Cabo Polonio. Tras tres instancias judiciales, la magistrada no hizo lugar a la acción de amparo. Sin embargo, los abogados de los ocupantes podrán apelar nuevamente en un plazo no mayor a tres días, luego que se levante el paro de los funcionarios judiciales.

Gorosito reafirmó a LA REPUBLICA la pretensión del Estado de continuar con las demoliciones en el balneario rochense, que «se harán en función de la resolución de la Justicia de Rocha que desestimó el recurso de amparo interpuesto por los ocupantes».

Solicitó a «quienes están en una situación dañina para el medio ambiente, que paren de aplicar chicanas judiciales, para pasar otro verano más». Demandó a esta población «no caer en la tentación de pretender usar la situación en que se encuentra el Poder Judicial para estirar una decisión que indefectiblemente viene: la demoliciones de las viviendas y el cobro de los gastos a quienes «ocasionaron esta situación.»

Medio ambiente y clima

Nuestro país acaba de aprobar dos normas tendiente a la protección del medio ambiente. Por un lado, se ratifica el acuerdo internacional «Protocolo de Kioto, que pretende reducir la emisiones de gases causantes de los cambios climáticas.

Asimismo, acaba de promulgarse la Ley General de Protección del Ambiente, que incluye soluciones legales a temas como los desechos peligrosos y las sustancias químicas. El ministro interino de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ricardo Gorosito destacó la aprobación de ambos proyectos, que fueron previamente sancionados por el Parlamento.

El primer acto legislativo convierte a Uruguay en el trigésimo primer país que ratifica el Protocolo de Kioto, un instrumento internacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En dicho acuerdo, se asumió el compromiso de reducir las emisiones de gases de manera radical –causantes principales del aumento de la temperatura terrestre y modificaciones climáticas– propugnando que entre los años 2008 y 2012, los niveles se ubiquen en un 5% por debajo de las emisiones de 1990.

El convenio establece límites de emisión y plazos cuantificables, con relación a las emisiones de gases de «efecto invernadero» originadas en los países desarrollados, según consta en el artículo 3. Para ello, el Protocolo estableció diversos mecanismos también de interés para los países en desarrollo.

El Poder Ejecutivo promulgó también el proyecto de Ley General de Protección del Ambiente (LGPA), donde declara de interés general su protección, estableciendo el deber genérico de las personas de abstenerse de realizar actos que atenten contra los ecosistemas y recursos naturales, estableciendo que la ley reglamentara la disposición, incluso previendo sanciones para los transgresores.

En cumplimiento de ese mandato, el 10 de agosto de 1999, el Poder Ejecutivo remitió a consideración del Parlamento el proyecto de ley ahora promulgado. Hasta la presentación de esta iniciativa, Uruguay no contaba con una ley marco en materia ambiental, aunque diversas normas establecían instrumentos y criterios particulares de protección al ambiente, tal como es el caso del Código de Aguas de 1978 y la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental, de 1994.

La Ley General de Protección del Ambiente consta de varios capítulos diferenciados en disposiciones introductoria, generales, especiales y de ajustes a normas existentes. La norma contempla, por primera vez en algunos casos, soluciones legales para la calidad de aire, capa de ozono, cambio climático, sustancias químicas, residuos, desechos peligrosos, diversidad biológica y bioseguridad.