Casi el 40% de los uruguayos está de acuerdo con legalizar las drogas

Una encuesta realizada por el Centro Latinoamericano de Desarrollo (Celade) señala que en Uruguay el 39% de los consultados se mostró partidario de la legalización de las drogas y el 48% opinó en contra. El debate se reabrió cuando el presidente Batlle dijo públicamente ser partidario de despenalizar el consumo para combatir el narcotráfico y sus consecuencias.

De acuerdo al informe de Celade, las principales razones esgrimidas a favor de la legalización de la droga se basan, fundamentalmente, en dos puntos: las políticas de represión desarrolladas en la mayoría de los países que no han brindado una respuesta eficiente a la hora de disminuir el consumo, y por otro lado la existencia de un imperio económico montado alrededor del tráfico y de la producción de sustancias, especialmente sintéticas, que mueve miles de millones de dólares al año.

En informe de la Celade da cuenta que los partidarios de la despenalización expresaron que representa una forma para que “los grandes negocios de los narcotraficantes se vean subdivididos en muchos agentes visibles con la misma mercadería” y que, de revertirse la prohibición, los jóvenes “no encontrarían en las drogas una forma de rebeldía y de esta forma la adquisición hasta ella es tan rápida que no desearía, con tanta avidez su búsqueda, pasando desapercibida esa necesidad”.

“Las soluciones son siempre soluciones a medias y a veces cuando no están bien enfocadas pueden traer otras secuelas lo que equivale a decir que todo este tema debe ser muy bien regulado por los distintos actores políticos”, expresaron los encuestados.

Asimismo, se indica que la despenalización de la droga podría disminuir los actos criminales de los narcotraficantes.

Por su parte, la posición contraria podría resumirse en que la opción de dejar librado el consumo de la droga representa un “anzuelo demasiado peligroso”.

El 48% opinó que la droga tiene, por sí sola, una adicción “prácticamente instantánea”, mucho más profunda que el alcohol y el cigarrillo y que traería aparejado cuadros sanitarios graves para la sociedad como nacimientos de niños con anomalías.

Otro de los argumentos de quienes sustentan esta posición indica que, más allá de la legalización, el tráfico de drogas continuaría existiendo en el mercado negro, sobre todo en las denominadas drogas “duras”.

La postura de Batlle

Durante la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizada en Chile, el presidente Jorge Batlle se mostró a favor de despenalizar el consumo de drogas como forma de combatir el narcotráfico y sus consecuencias. Esta no fue la primera vez que el primer mandatario se manifiestó a favor de esa idea. Días después de haber asumido hizo declaraciones del mismo tenor, lo que levantó más de una polémica y la molestia de varios integrantes de la grey política.

En tierras trasandinas, Batlle volvió a insistir con el tema afirmando que “cientos de millones de dólares” financian los negocios de la droga y que el narcotráfico es el negocio más importante que tiene América. También advirtió que la medida debería ser tomada por todos los países de la región. “Si yo liberalizo el consumo, todos se me vienen a Uruguay”, afirmó. Como un efecto boomerang la frase causó resistencia en varios círculos. La respuesta del ministro del Interior, Guillermo Stirling (Foro Batllista), no se hizo esperar: “La verdad que es una idea que me rechina”, expresó el secretario de Estado.

Política y prevención

En Uruguay, entre 500 casos de consumidores consultados por la Junta Nacional de Drogas, la marihuana ocupa el lugar de preferencia. Un 73 % expresó consumirla con frecuencia, y el 90% de sus adictos se ubican en una franja etaria de entre 15 y 29 años. En segundo lugar está el consumo de alcohol (68%) y seguido de la cocaína (63%), donde el 87% de los consumidores son jóvenes entre 15 y 30 años.

Según el informe del Celade, los factores de riesgo que mayor incidencia tienen en elevar los niveles de consumo entre los jóvenes son los problemas emocionales o físicos, las conductas agresivas, la falta de comunicación en el ámbito familiar y el uso de alcohol y de drogas en el círculo de amistades.

Para el director del Celade, Mario Marenco, el tema pasa por lograr una rápida respuesta más allá de foros y debates parlamentarios, así como de una postura más amplia que proponga fórmulas de distensión social.

“La experiencia histórica de nuestra sociedad nos da las pautas suficientes como para encerrarnos en la inseguridad que produce el no reconocer lo que se puede seleccionar o desechar de aquello que le es nocivo y agresivo”, sostuvo.

Para Marenco, mientras no se planteen soluciones graduales en su aplicación, y definitivas en su concepción, los conflictos, los delitos y todas sus secuelas de marginación y desempleo continuarán en aumento.

“Nuestra sociedad requiere de ciudadanos conscientes e informados acerca de la degradación y pérdida de personalidad producida por cualquier tipo de drogas. Las políticas de prevención y salud pública tienen un papel fundamental que debe cumplirse bajo sistemas adecuados. Incluida una administración de justicia eficiente. No se trata solamente de una lucha policíaca”, afirmó el titular del Celade.

Actualmente, en América Latina, incluyendo Uruguay, se invierten cada vez más recursos para impedir que las drogas lleguen a manos de los consumidores. Paradójicamente, se constata una disminución de precios para adquirirla en grandes cantidades y una mayor delincuencia en un alto porcentaje de consumidores.

El otro camino

Cabe destacar que la posición acerca de quienes propugnan la legalización de las drogas no parte de un origen ideológico común. Tampoco se ha elaborado una estrategia uniforme para plasmar este postulado en la práctica. En Europa, específicamente España y Holanda, existen dos ejemplos alternativos sobre el tema.

Por ejemplo, en la localidad de Las Barranquillas, ubicada en Madrid, desde comienzos de este año funcionan las denominadas “Narcosalas”, que son recintos especialmente acondicionados para que los toxicómanos puedan ingerir diferentes sustancias en condiciones sanitarias adecuadas.

El proyecto contó con el respaldo del Plan Nacional sobre Drogas de ese país y fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Autónoma de Madrid.

En las “Narcosalas”, que funcionan entre las 10 y 21 horas, trabaja un equipo integrado por un coordinador médico, tres enfermeros, un trabajador social, un técnico de laboratorio, un conductor para emergencias y personal de limpieza y seguridad.

El usuario debe tener más de 18 años y está prohibido el contaco físico con el personal médico o con otro drogodependiente dentro del recinto. El análisis de la sustancia, de tipo cualitativo, es realizado por el propio toxicómano con la asistencia de personal de laboratorio.

El gobierno español asumió el compromiso de extender el proyecto piloto hacia otros puntos de España, en caso de que resulte exitoso. El caso de Holanda, que ha implementado una política liberal y pragmática, está basado en los efectos sociales y médicos y en las consecuencias económicas y criminales causadas por las drogas. En Amsterdam se estableció una diferencia entre drogas “duras” y “blandas” como la marihuana y el hachís. Dentro de las denominadas drogas “duras” se encuentran la pasta de cocaína y la heroína.

Holanda, actualmente, tiene niveles de consumo por debajo del promedio de Europa y la diferencia entre la posesión y el tráfico es la clave.