Sólo 30 de 300 menores detenidos pasan a juez

La magistrada explicó que durante el mes de octubre se efectuó un promedio de 300 procedimientos de detención a menores por cada turno judicial, cuya extensión es de diez días, de los cuales el 90% fue dejado en libertad sin intervención del juzgado.

Gran parte de los demorados fueron derivados a centros de mediación, debido a que los jueces consultados entendieron que se trataban de casos de «conflictividad vecinal. Muchas veces, los niños son detenidos porque le rompen el vidrio a una vecina, cuando están jugando al fútbol», consignó. Asimismo, precisó que de los 30 menores que son pasados al juzgado por cada turno judicial, «apenas 4 son internados» y el 50% de los expedientes judiciales son archivados por falta de pruebas, mientras que los casos restantes son derivados a algún programa de ayuda.

La magistrada hizo hincapié en la dificultad que representa para un juez, decidir cuál es la mejor medida, cuando, «en la mayoría de los casos, el menor presta su declaración llorando». Por su parte, la directora nacional de Prevención del Delito, Graciela López propuso elaborar una legislación que se adecue a la Convención de los Derechos del Niño. López consideró que esta legislación debe ser «clara y cumplible», argumentando que «de nada sirve una legislación perfecta desde el punto de vista jurídico, si la misma no viene acompañada con la implantación de políticas sociales».

Explicó que una normativa cumplible en materia de infancia, debe abarcar a quienes calificó como «los cuatro actores fundamentales»: el Estado, la familia, la escuela y la comunidad, enfatizando este último debido a que se constituye como «el gran sistema donde el niño se desarrolla y aprende hábitos criminoresistentes». Resaltó, además, que «por primera todo el cuerpo policial –sin importar rango– está tomando contacto y accediendo a información sobre derechos de familia y especialmente derechos de menores».