Demoliciones son inminentes

Rocha

Incluso, al cierre de nuestra edición, pobladores de la zona denunciaron a LA REPUBLICA un inusual despliegue de efectivos de la Prefectura Nacional Naval –dependencia del Ministerio de Defensa Nacional que tiene jurisdicción sobre el lugar–, lo que fue interpretado como el preámbulo del comienzo del operativo. Las fuentes consultadas por nuestro diario afirmaron que los fusileros navales rodearon la zona, impidiendo el ingreso de muchos de los pobladores a sus viviendas emplazadas sobre el área costera.

La sentencia judicial de primera instancia dictada en la víspera por el juzgado en lo civil de tercer turno en medio de singular expectativa, desestimó finalmente el reclamo de Aprocapo. La decisión judicial, por más que seguramentre será apelada por los abogados patrocinantes, no impediría el comienzo de las demoliciones por parte del personal a cargo de las gigantescas topadoras que ya se dirigen hacia el lugar, con apoyo de numeroso personal de Prefectura.

Según lo confirmado por fuentes ministeriales, en una primera etapa de procederá a demoler unas quince construcciones en la playa sur, y se estima que el total llegará a las treinta antes de fin de año.

Incluso, fuentes comsultadas por LA REPUBLICA aseguraron que ya se ha coordinado en destino de los escombros con la Intendencia Municipal de Rocha.

Todo parece indicar que el Ministerio de Medio Ambiente no aguardará el plazo de tres días habilitado para apelar la sentencia judicial, y procederá ya, en las próximas horas, con el comienzo del operativo de destrucción de las casas.

Durante la audiencia de ayer, el juzgado ingresó un segundo recurso de apelación presentado por los abogados Rafael Bastesagi y Hugo Granucci, que pretende detener la eventual demolición de otras construcciones que se encuentran emplazadas en terrenos privados.

Como informó LA REPUBLICA en su edición de la víspera, la Asociación de Protectores de Cabo Polonio que presentó el recurso ante la sede judicial, denunció también una maniobra de parcelación y venta de tierras en un predio declarado monumento nacional de dunas en 1966, que diez años más tarde la Unesco declaró como patrimonio natural y reserva de biosfera.

Aprocapo recordó que los escombros de las demoliciones ya ejecutadas nunca fueron retirados, y consideran que esta situación daña más al medio ambiente que la presencia de las viviendas.