Crece la deuda social

Fucvam viene reivindicando desde hace varios meses la inclusión en el Plan Quinquenal de recursos para construir 5.000 viviendas por el régimen cooperativo de ayuda mutua. El pedido está basado, según explicaron, en que la Federación tiene más de 100 grupos cooperativos con personería ya otorgada, en Montevideo y el Interior del país.

La gran mayoría tiene terreno adquirido o adjudicado y se están gestionando sus préstamos. Los grupos reúnen, en total, unas 4.500 familias, a lo que habría que agregar las futuras cooperativas.

Fucvam explicó que, según el Ministerio de Vivienda, el proyecto incluiría las 5.000 viviendas pedidas por el cooperativismo. No obstante, consideraron que esta cifra «no existía más que en los papeles» , y precisó que faltarían 2500 viviendas para completar la cifra demandada.

Enfatizaron en la necesidad de duplicar los recursos destinados al plan de viviendas cooperativas, para lo que se requiere otorgar unos U$S 75 millones extra, con lo cual se llegaría efectivamente a las 5.000.

Propusieron dos alternativas posibles para conseguir los recursos: utilizar los fondos que el Ministerio de Vivienda no puede ejecutar debido a los recortes ordenados por la cartera de Economía, que son U$S 182 millones. «Sólo con decidir usar esta plata se hacen las 5.000 viviendas cooperativas y sobra todavía dinero para otras 1.000″, sostienen los representantes de Fucvam.

La otra solución que plantean los cooperativistas está relacionado con los ingresos que recibía el Banco Hipotecario del Uruguay por conceptos del Impuesto a los Sueldos. «Pero el BHU sigue cobrando las cuotas de los préstamos que se dieron con dinero del Fondo Nacional de Vivienda, a cooperativas de ayuda mutua y ahorro previo, a compradores individuales de vivienda o de promoción privada», consignó Fucvam.

Explicaron que el BHU reconoció en 1998 que cobró U$S 200 millones de más en las cuotas de sus deudores, que son más de 100.000.

Fucvam sostiene que el dinero aportado al BHU por las familias modestas no se destina a otras de bajos recursos, sino a gente que puede tener otras alternativas de crédito. «Si esos recursos no se consiguen y en vez de 5.000 se nos asignan 2.500 viviendas, habrá 40 o 50 cooperativas, que ya están formadas, que tienen terrenos y proyectos, que tendrán que esperar cinco años más para poder comenzar a construir sus viviendas».

La intención del reclamo –acotaron– era que por lo menos pudieran construir dentro del próximo quinquenio. Afirmaron que «actualmente, en materia de vivienda popular, la alternativa es clara: o las viviendas dignas que construye el sistema cooperativo o los núcleos básicos que, casi al mismo costo, pretenden resolver en 32 metros cuadrados los problemas de vivienda de familias de 4, 5, 6 o más integrantes. Eso sí, con grandes ganancias para las empresas que los construyen».

Reafirmaron que los recursos solicitados son para verdaderas cooperativas y no para «grupos constituidos por empresas constructoras disfrazadas de Institutos de Asistencia Técnica como las denunciadas».