Dos mil trabajadores sexuales serán amparados por la ley

Tanto la Asociación de Meretrices Públicas del Uruguay (Amepu) como la Asociación de Travestis del Uruguay (ATRU) manifestaron su satisfacción por los importantes avances de la norma en el ámbito parlamentario.

El texto normativo establece que las meretrices y travestis que ofrecen servicios sexuales deberán afiliarse al Banco de Previsión Social como cualquier otro trabajador, y contarán en el futuro con la posibilidad de jubilarse. Asimismo, aquellos que tengan hijos propios gozarán también del beneficio de la asignación familiar.

En el marco de la futura legislación se creará un Registro Nacional del Trabajo Sexual, en el cual deberán inscribirse todos aquellos que deseen ejercer la prostitución dentro de la ley. Los datos registrados serán absolutamente reservados.

En las disposiciones generales del articulado se establecen zonas de trabajo, comportamientos, pautas sanitarias, cometidos de los prostíbulos y casas de masajes, las infracciones, así como penas y multas para quienes violen la normativa.

Las casas de masajes con fines terapéuticos serán habilitadas por el MSP. Será requisito necesario la disposición de normas sobre el cuerpo profesional, el programa terapéutico que desarrollan y la prohibición de todo tipo de trabajo sexual en el local.

El lugar donde se podrá ofrecer el trabajo sexual deberá no estar próximo a centros de enseñanza.

El diputado Edgard Bellomo, miembro informante de la Comisión de Derechos Humanos, explicó a LA REPUBLICA que al declararse como lícito el trabajo sexual «se terminará con la persecución y detención por parte de la Policía de aquellas personas que lo ejercen».

Susana Ribeiro, presidenta de Amepu, anunció a nuestro diario que las meretrices están totalmente de acuerdo con este proyecto. «Es más, nosotros hemos trabajado y participado de su elaboración, proponiendo iniciativas nuestras como gremio». Añadió que con la legalización del ejercicio de la prostitución «se termina con la explotación que se hace a las mujeres en las casas de masajes».

Ribeiro destacó como lo más importante de esta iniciativa el reconocimiento al trabajo que hacen, independiente del sexo, así como la creación de zonas de trabajo.

También valoró la creación del registro, al que calificó como un aspecto de suma trascendencia para las trabajadoras sexuales.

De acuerdo a lo expresado por la presidenta de Amepu, la afiliación de los trabajadores sexuales al Banco de Previsión Social deberá hacerse como empresa «unipersonal» y se deberá acordar cuál será el aporte a realizarse, teniendo en cuenta que los ingresos de estos trabajadores no son fijos ni permanentes. No obstante, aclaró que hay casos de relación de dependencia por parte de las meretrices.

Selva: «Hay que regular»

Por su parte, Selva, de la Asociación de Travestis del Uruguay (ATRU) manifestó su apoyo a la nueva ley, mediante la cual «se podrá controlar mejor la prostitución. Ahora, cualquier chico gay se pone una pollera, se pinta los labios y sale a trabajar, por lo que se hacía necesario regular la situación».

El presidente de los travestis uruguayos advirtió que cada vez «hay más chicos jóvenes gay de16 y 17 años haciendo la prostitución».

Destacó también que la ley «permitirá manejar mejor el tema del VIH».

Selva, que participará los días 4 y 5 de noviembre en un foro a realizarse en Rio de Janeiro sobre el tema «VIH en Latinoamérica», agregó que los travestis también dieron su opinión para la elaboración de la ley para contribuir a su confección.

El artículo primero de la ley establece que son trabajadores sexuales «todas las personas mayores de dieciocho años de edad que habitualmente ejerzan la prostitución, recibiendo a cambio una remuneración en dinero o en especie».

Para realizar el trabajo, se deberán inscribir en un Registro Nacional del Trabajo Sexual y tener el carné sanitario con los controles al día.

El artículo tercero expresa: «Por el solo hecho de su actividad (los trabajadores sexuales) no serán pasibles de detención por parte de la autoridad policial».

Se crea una Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que se integrará con un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá, un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del Instituto Nacional del Menor, un representante del Congreso Nacional de Intendentes y dos delegados de las Organizaciones No Gubernamentales que representen a los trabajadores sexuales, designados de acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la ley.

Este grupo de trabajo tendrá como cometido asesorar al Poder Ejecutivo en la materia, así como velar por el cumplimiento de la ley y su reglamentación.

Asimismo, se brindará asesoramiento a los trabajadores sexuales sobre sus derechos y deberes, y se los apoyará en cualquier acción legal tendiente a protegerlos contra cualquier forma de explotación.

En otro orden se promoverán cursos de educación sexual y sanitaria entre los trabajadores sexuales, y se colaborará con las campañas que, utilizando los medios de comunicación de masas y otros modos de difusión, realicen las autoridades competentes sobre el tema.