Secundaria puede clausurar cursos si hay más ocupaciones

La Coordinadora Intergremial de Estudiantes de Enseñanza Secundaria (Ciesu), se reunió en la noche de ayer en el local del Liceo Miranda, para evaluar si se acepta los términos del documento.

El mensaje de Secundaria establece que «el ámbito de negociación será la comisión que se constituya, la que tendrá como cometido el análisis de los reglamentos cuestionados y la eventual elaboración de las modificaciones, si así lo resuelve».

Asimismo, señala que los estudiantes que la integren serán miembros plenos. La vigencia de las resoluciones de la comisión estará regida por lo establecido en la Ley Nº 15.739 de educación.

La comisión se integraría por cinco representantes del CES, cinco representantes de UTU, diez estudiantes, un abogado por los consejos y un abogado por los estudiantes, lo que en total suma 22 miembros.

Como observadores se proponen: quince estudiantes, dos representantes de las Asambleas Técnico Docentes (uno del CES y otro de UTU).

Para que todas estas instancias sean cumplidas, deben cesar todas las ocupaciones antes del próximo lunes 30, a las 20 horas.

Según la propuesta de Educación Secundaria, «antes del martes 31 a las 19 horas, los estudiantes deberán entregar la nómina de los diez miembros de la comisión, de los quince observadores y del abogado, en Dirección General de Secundaria.

En el mismo acto, las autoridades comunicarán por escrito, la nómina de integrantes que representarán a los consejos.

El documento anuncia que el miércoles 1º de noviembre de 2000 se instalará la comisión, con la presencia de los consejos de UTU y Secundaria. De acuerdo a lo solicitado por la propia gremial estudiantil, la comisión tendrá un mes para expedirse, por lo que el plazo caducará el 1º de diciembre.

El presidente de Educación Secundaria, Jorge Carbonell, tras explicar los fundamentos de la nueva propuesta, advirtió que en caso de registrarse nuevas ocupaciones, las autoridades podrían evaluar dar por culminado el año lectivo en los centros afectados.

En lo que se refiere al conflicto en la Universidad, en el marco de la huelga general decretada por la Federación de Estudiantes Universitarios, continúan ocupadas las facultades de Humanidades, Psicología, Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación y el Instituto Normal de Magisterio. La Facultad de Derecho es la única casa universitaria que no se plegó al conflicto. Esta madrugada, 422 estudiantes rechazaron esa posibilidad, mientras que 338 votaron por adherir a la huelga.

Por otra parte, los docentes de la Facultad de Agronomía resolvieron suspender por tiempo indeterminado todas las actividades relacionadas con la enseñanza y no participarán en cursos, exámenes, parciales, corrección y publicación de resultados.

Los docentes, estudiantes y funcionarios no docentes de la facultad comenzaron a recorrer ayer con carteles y pancartas la zona de Sayago y otros barrios cercanos al local de estudios, para informar a los pobladores sobre los motivos del conflicto, que están relacionados con los escasos recursos asignados a la Universidad en el Presupuesto.

Esta mañana se reunirán en asamblea para definir nuevas medidas, al tiempo que continuarán participando de todas las movilizaciones que se decidan a nivel central.

El integrante de la Asociación de Docentes del Uruguay – Facultad de Agronomía (ADUR), Raúl Vernengo, dijo a LA REPUBLICA que los profesores apoyan el presupuesto presentado al gobierno por la Universidad de la República, que preveía una recuperación salarial promedio del 52% en el próximo quinquenio. En cambio, la Cámara de Diputados aprobó un incremento general del 10% en el primer año y un congelamiento en los cuatro restantes.

Los profesores informaron que un docente con 20 horas de trabajo semanales cobra al inicio de la carrera un sueldo nominal de $1.948 y un profesor titular con 40 horas semanales cobra $12.278.

Consideran «sumamente crítica» la situación salarial y reclaman a las autoridades la apertura del diálogo «para revertir lo que consideramos una marcada injusticia».

Magisterio con plazo

Los estudiantes del Instituto Normal de Magisterio que ocupan dicho centro hace diez días, obtuvieron la primera respuesta a sus pedidos por parte de las autoridades del Codicen el jueves pasado.

La misma fue anunciada por la directora del Centro de Capacitación y Formación Docente, Jenny Barros, luego de la marcha que realizaron los estudiantes que pasó por el Codicen y finalizó en el Centro de Formación y Capacitación Docente, donde se entrevistaron con la jerarca.

Los estudiantes exigen una mesa de negociación con el presidente del Codicen, Javier Bonilla o con Jenny Barros, con las potestades resolutivas, demandando la participación de docentes y egresados.

El propósito de dicha instancia negociadora sería resolver los problemas generados por el Plan 2000.

Los estudiantes marcaron el próximo 7 de noviembre próximo como fecha límite para recibir una respuesta.

Sin embargo, las autoridades condicionaron la instalación de la mesa negociadora al desalojo del Instituto Normal. Si se cumpliera dicho requisito, el lunes podría celebrarse el primer encuentro entre Jenny Barros y 10 estudiantes. Posteriormente, el miércoles, se realizaría la reunión con autoridades del Codicen, con la participación de tres estudiantes.

Sin embargo, no se aceptó la participación de docentes, ni egresados, ya que no se desea sentar precedentes de eventuales experiencias de cogobierno, que no están permitidas por la ley en la órbita del Codicen.